La Fiscalía General de la Nación, en conjunto con la Policía Nacional y la agencia estadounidense DEA, identificó un entramado ilegal en el que informes oficiales de incautación de estupefacientes eran alterados para reportar menores cantidades, apropiarse de las sustancias ilícitas y posteriormente venderlas a grupos narcotraficantes.
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En diligencias realizadas en Riohacha (La Guajira) fueron capturadas siete personas que estarían implicadas en los hechos descubiertos. Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, y concierto para delinquir agravado. Entre tanto, un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario.
Los afectados con la decisión son cinco integrantes de la Policía Nacional, los subtenientes Iván Leonardo Góngora y Édinson Javier García Mercado, y los patrulleros Jesús Albeiro Bohórquez Arévalo, Óscar Andrés Torres Mosos y Carlos Alberto Novoa Morales; y los particulares Eduardo Barrera Jiménez y Luis David Ustariz Hernández.
La investigación permitió conocer que los uniformados serían los encargados de modificar los informes y de disponer de vehículos oficiales para desviar los narcóticos, y entregárselos a terceros que lo almacenaban en inmuebles y coordinaban su envío a países de Centroamérica y Estados Unidos.
En el curso del proceso se materializaron varios procedimientos en Maicao y Riohacha (La Guajira), en los que se incautaron 98 kilogramos de clorhidrato de cocaína, 700 kilogramos de marihuana, un arma de fuego y dispositivos electrónicos.
