La ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se encuentra bajo la amenaza de ser arrestada por seis meses y multada con el equivalente a 20 salarios mínimos, debido a su presunto incumplimiento de una orden judicial emitida por un juzgado en Bucaramanga. La resolución judicial exige a la funcionaria acatar, en un plazo máximo de 48 horas, un fallo que involucra la creación de una zona de reserva en la región de Soto Norte, Santander, que podría afectar a más de 35,000 personas.
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Este requerimiento tiene su origen en una acción de tutela presentada por Ivonne González, líder del paro minero y presidenta de Asomineros Vetas, quien denuncia que el Ministerio de Ambiente no ha proporcionado información suficiente sobre los impactos de esta zona de reserva, la cual, según las comunidades, carece de bases técnicas y legales. Además, la propuesta amenaza con restringir el desarrollo económico legal en más del 98% del territorio de seis municipios: California, Vetas, Suratá, Matanza, Tona y Charta, así como el 30% del área rural de Bucaramanga.
González ha manifestado que esta situación es un claro ejemplo de cómo se están violando los derechos fundamentales de miles de familias dedicadas a la minería legal en la región. En sus palabras: “La ministra ha violado los derechos fundamentales de miles de familias de pequeños y medianos mineros legales, condenándonos a la pobreza y la ilegalidad. Pretende borrar 450 años de tradición minera y arraigo cultural con una resolución inconsulta, que ignora sentencias de la Corte Constitucional y viola el Acuerdo de Escazú”.
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El fallo judicial también cuestiona las supuestas mesas de socialización convocadas por el Ministerio de Ambiente. Las comunidades de Soto Norte han señalado que estas mesas fueron ineficaces, con poca participación, falta de garantías y sin la presencia de organismos de control, lo que llevó al abandono de las reuniones por considerarlas manipuladoras.
Por su parte, González también ha acusado a Muhamad de vulnerar el derecho a la información al no ofrecer respuestas claras sobre cuestiones clave, como las áreas de reserva temporal, la aplicación del Decreto 044 y la paralización de los procesos de formalización minera. “No estamos pidiendo minería en el páramo, eso es absurdo. Lo que exigimos es que no criminalicen a los mineros legales y que no impongan medidas inconsultas que benefician a grupos políticos y activistas que no viven en nuestro territorio”, añadió González.
¿Qué pasará si la ministra no cumple con la orden judicial?
El Tribunal Superior ha confirmado el fallo de segunda instancia, que respalda a González y las más de 35,000 personas afectadas. De no cumplir con la orden, Susana Muhamad podría enfrentar un arresto de hasta seis meses y una multa significativa. González, por su parte, ha expresado su preocupación de que un posible cambio de puesto de la ministra no sea una estrategia para evadir la sanción. “Esperamos que el cambio de puesto de la ministra no sea una estrategia para evadir el desacato, el arresto y la multa. Si habla de dignidad, que asuma sus responsabilidades con dignidad”, concluyó.
