En el sistema de salud colombiano hay gran incertidumbre por el enfrentamiento que están teniendo el gobierno del presidente Gustavo Petro y algunas entidades del sector. Todo se debió al cálculo que hizo el Ministerio de Salud frente a la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del 2025. Es decir, el dinero que les debe girar el Estado a las EPS para garantizar la atención de todos sus afiliados.
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Como con otras discusiones presupuestales, cada año el Gobierno Nacional debe anunciar una cifra de aumento de la UPC que debe tener en cuenta asuntos como la inflación, el incremento del salario mínimo y el costo de los servicios de salud en Colombia. Pero el incremento que fijó el Ministerio de Salud (quedó en 5,36 %) fue considerado como insuficiente por múltiples EPS.
De hecho, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), que agremia a varias EPS, indicó a comienzos de este año que era un aumento insuficiente para costear los gastos sanitarios que debe asumir el sistema e incluso señaló que esta decisión del Ministerio de Salud podía poner en riesgo a los pacientes.
En la práctica, Acemi planteaba que si los medicamentos, las citas y los exámenes resultaban más caros que el dinero que les giraba el Estado, el sistema entraría en crisis. Esta posición no solo fue compartida por Acemi, sino también por organizaciones de pacientes y organizaciones privadas que manifestaron su preocupación por el rumbo de las finanzas de la salud.
Tal fue la frustración que radicaron una solicitud ante la Corte Constitucional con el fin de que el Gobierno Nacional volviera a calcular el incremento de la UPC. La demanda rindió frutos y a finales de enero pasado se conoció que la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia.
En síntesis, el alto tribunal no solo concluyó que la UPC del 2025 debía reajustarse, sino que la UPC fijada para el 2024 fue insuficiente.
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“La Corte concluyó que el Ministerio no ha demostrado la suficiencia de la UPC. La Sala encontró que el mecanismo para fijar la UPC requiere ser actualizado e incluir nuevas variables. Así mismo, es necesario revaluar la forma en que se incluyen algunos factores en el cálculo como la siniestralidad, la inflación, las destinaciones específicas y las inclusiones y el rezago existente en su valor”, sostuvo la Corte Constitucional en un comunicado de prensa.
La orden, sin embargo, no ha sido acatada por el Ministerio de Salud e incluso se ha conocido que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo corre el riesgo de que lo declaren en desacato.
La respuesta del presidente Gustavo Petro
Este panorama ha provocado una avalancha de críticas por parte de congresistas de distintos sectores.
“¡Es increíble y evidente la burla hacia las Altas Cortes, no gobiernan en democracia y respeto a la separación de poderes, creen que son una todo poderosa dictadura!“, aseguró la congresista Katherine Miranda, de Alianza Verde, a través de su cuenta en la red social X.
El presidente Petro, sin embargo, dejó entrever que su gobierno sí tiene intenciones de cumplir con la orden de la Corte Constitucional. “La orden que que hemos recibido es iniciar una mesa para concertar el valor de la UPC para lo cual todas las EPS de Colombia deben aportar los datos ciertos de sus gastos realizados con el dinero público, transferido desde el año 2021 de manera veraz y pronta. Estoy a la espera de la información”, advirtió el primer mandatario, también en la red social X.
Así mismo, le pidió a la representante Miranda ayudarles a vigilar que no se hayan presentado irregularidades en el uso de dinero público destinado a la salud de los colombiano.
