Los abusos perpetrados por la Fuerza Pública en contra de civiles son una lamentable realidad que se sigue presentando en Colombia. Muestra de ello fue la reciente judicialización de varios miembros del Ejército Nacional señalados por la tortura de tres civiles y el asesinato de uno de ellos, hechos que habrían ocurrido en 2023.
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Entre otras cosas, se conoció que un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos presentó ante un juez de control de garantías a seis integrantes y a un exintegrante del Ejército que habrían estado involucrados en la retención ilegal y la tortura de estas personas en el municipio de Caucasia, Antioquia entre el 20 y el 21 de abril del 2023.
“Se trata del teniente en retiro Jahyr Stephen García Echaves, el cabo tercero Oscar Iván Joven Zúñiga, el sargento segundo Diego Alejandro Castillo Castillo y los soldados profesionales Alfredo Julio Basilio, Juan Camilo Navarro Galindo, Juan Esteban Regino Corrales y José Rafael Morales Donado”, informó la Fiscalía General de la Nación en un boletín de prensa publicado este lunes 24 de febrero.
Entre tanto, indicaron que las pruebas indican que los militares no solo habrían detenido a los civiles sin orden judicial, sino que también los habrían trasladado a la base de patrulla móvil del Batallón Rifles del Ejército Nacional. Además, los habrían sometido a tratos “crueles y denigrantes” en medio de un interrogatorio para que les revelaran la ubicación de una caleta de un supuesto grupo armado.
“Uno de los retenidos murió por ahogamiento. Al parecer, fue sumergido en un lago; mientras que los otros dos quedaron en libertad luego de ser presentados ante un delegado de la Fiscalía, quien estableció que no había mérito para capturarlos y judicializarlos. En ese sentido, los presuntos responsables de lo sucedido fueron imputados por los delitos de homicidio en persona protegida y tortura contra persona protegida”, advirtió la Fiscalía en su boletín.
Enviarán a los uniformados a un centro de reclusión militar
Entre tanto, se conoció que los hombres judicializados decidieron no aceptar los cargos.
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Pese a todo, por disposición del juez de control de garantías, se conoció que los uniformados activos tendrán que cumplir una medida de aseguramiento en un centro de reclusión militar.
Entre tanto, el teniente en retiro permanecerá confinado en su lugar de residencia.
