En el marco del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la jueza 44 de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia Aranda, ha sido objeto de una denuncia por fraude procesal presentada por un abogado. Esta denuncia surge a raíz de varios incidentes durante las audiencias del proceso en los que, según el profesional del derecho, la jueza habría incurrido en conductas que afectan el debido proceso.
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El abogado Daniel Felipe Peña Buitrago, conocido por su defensa en la etapa final del juicio de Jhonier Rodolfo Leal, detalló que desde el inicio de las audiencias, Heredia mostró una actitud hostil hacia su persona. En particular, en la audiencia celebrada el 1 de marzo de 2021, Peña Buitrago interpuso un recurso de nulidad al considerar que se vulneraban los derechos de su defendido, Harold Steven Henao Solano, acusado por el feminicidio de Janneth Adriana Aponte en 2020. La jueza rechazó este recurso, calificándolo como una maniobra dilatoria sin mayores explicaciones, lo que generó un ambiente tenso durante el juicio.
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A medida que el proceso avanzaba, el abogado sostuvo que la jueza continuó señalándolo de intentar entorpecer el desarrollo del juicio mediante recursos legales. En varias ocasiones, la jueza le indicó que dejara de “embolatar” el proceso, acusándolo de obstaculizar las audiencias de forma deliberada, sin tener en cuenta los derechos de su cliente.
Como consecuencia de estos incidentes, Peña Buitrago presentó la denuncia formal por los delitos de injuria y fraude procesal, asegurando que los actos de la jueza iban más allá de una simple discrepancia jurídica y constituían un abuso de poder.
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Este conflicto entre la jueza y el abogado ocurre en un contexto de tensión dentro del juicio a Uribe. El expresidente ha señalado en diversas ocasiones que no ha recibido garantías procesales adecuadas por parte de Heredia, mencionando que sus pruebas han sido rechazadas sin justificación suficiente. En este sentido, la defensa de Uribe ha expresado que la jueza ha adoptado una postura de prejuzgamiento y ha tratado de acelerar el juicio, omitiendo la revisión minuciosa de los recursos legales presentados.
Ante estas irregularidades, la defensa del exmandatario presentó el 11 de febrero una recusación contra la jueza, argumentando que su comportamiento atenta contra el debido proceso, un derecho fundamental protegido por la Constitución Política de Colombia. La recusación busca que un tribunal superior se haga cargo del caso, garantizando así que el juicio se lleve a cabo con todas las garantías procesales para todas las partes involucradas.
