A partir de este sábado, las apuestas deportivas en línea en Colombia enfrentarán una nueva carga fiscal, lo que ha generado controversia entre el Gobierno, los operadores del sector y los apostadores. Por primera vez en la historia, el Estado comenzará a cobrar un Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 19% sobre el dinero depositado por los usuarios en plataformas de apuestas. Esta medida se mantendrá vigente hasta final de año, en un contexto de creciente popularidad de este tipo de juegos, que se han disparado desde la pandemia.
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El presidente Gustavo Petro ha defendido esta decisión asegurando que el sector de las apuestas en línea, uno de los más lucrativos en Colombia, ha sido históricamente manejado por “dueños mafiosos” que han impedido que se aprueben reformas fiscales desfavorables para sus intereses. Además, Petro ha argumentado que el nuevo impuesto es una respuesta a las enormes dificultades económicas derivadas de la violencia y el desplazamiento forzado, especialmente en la región del Catatumbo, que enfrenta una grave crisis humanitaria debido a los enfrentamientos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
Con el nuevo impuesto, se espera una recaudación aproximada de US$242 millones (un billón de pesos) para financiar programas sociales en zonas afectadas por el conflicto armado.
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Reacciones del gremio y apostadores
Las reacciones del gremio de las apuestas han sido contundentes. Fecoljuegos, la entidad que agrupa a las principales empresas del sector, ha expresado su preocupación por las consecuencias de este nuevo impuesto, advirtiendo que podría poner en riesgo la estabilidad del mercado. En un comunicado oficial, Fecoljuegos destacó que sin un período de adaptación adecuado, los operadores podrían verse obligados a suspender parcial o totalmente sus actividades, lo que tendría un impacto negativo tanto en la economía como en el empleo.
“El impacto de esta medida debe evaluarse cuidadosamente, y es crucial establecer una transición que garantice la continuidad del sector”, comentó la entidad, que además destacó que más de tres millones de transacciones diarias se realizan en Colombia relacionadas con apuestas en línea, lo que resalta la importancia de este negocio para la economía local.
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Por otro lado, los apostadores también han expresado su malestar a través de las redes sociales. Algunos usuarios se han mostrado resignados, mientras que otros cuestionan si el dinero recaudado realmente llegará a las regiones necesitadas. “Se acabó mi ludopatía”, comentó un apostador en TikTok, mientras que otro señaló: “Estoy seguro que esa platica no va al Catatumbo”.
El impacto en el fútbol colombiano
El fútbol colombiano, que ha visto un creciente patrocinio de las casas de apuestas, también podría enfrentar consecuencias. El Tiempo reportó que, debido al nuevo impuesto, las casas de apuestas reducirían su inversión en el fútbol local, lo que afectaría los patrocinios actuales, que suman alrededor de US$29 millones. De hecho, 18 de los 20 equipos de primera división tienen acuerdos de patrocinio con plataformas de apuestas en línea, lo que refleja el impacto económico de este sector en el deporte.
El impuesto a las apuestas en línea no es una novedad en América Latina. Países como Brasil y México ya aplican gravámenes similares. En Brasil, el sector de apuestas ha representado el 0,62% del PIB del país en 2023, mientras que en México las ganancias de las apuestas alcanzaron los US$8.000 millones en el segundo semestre del año pasado.
Este tipo de medidas también se ha implementado en otros países de la región, como Chile, donde se prohibió el patrocinio de equipos deportivos por parte de empresas de apuestas, y solo se permitió la participación de un operador estatal.
Mientras el Gobierno busca mejorar las finanzas públicas con este nuevo impuesto, el futuro del sector de apuestas en línea en Colombia sigue siendo incierto. Aunque las autoridades afirman que el recaudo ayudará a financiar programas sociales en zonas afectadas por el conflicto, el gremio de las apuestas advierte que la medida podría tener consecuencias económicas y sociales graves.
