En las primeras 24 horas del paro armado de 72 horas decretado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento del Chocó, se han registrado siete incidentes que han generado alarma entre la población. Este paro, que inició el 18 de febrero de 2025, provocó desplazamientos masivos y confinamientos, afectando gravemente la vida cotidiana de los ciudadanos.
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La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, solicitó al Gobierno Nacional la declaración de un estado de conmoción interior para enfrentar la crisis humanitaria derivada de este paro armado. Según informes, más de 3.500 personas han sido desplazadas en la subregión del San Juan debido a las amenazas y acciones violentas del ELN. Las principales vías de comunicación, como la que conecta a Quibdó con Medellín y Pereira, fueron bloqueadas, paralizando el transporte y el comercio en la región.
El ELN justificó este paro armado alegando la falta de atención del Gobierno a la crisis humanitaria en la región y la presencia de grupos paramilitares que, según ellos, operan con la complicidad de las fuerzas estatales. Esta situación ha generado un clima de tensión y miedo entre la población, que se ve obligada a permanecer en sus hogares para evitar posibles ataques.
La Defensoría del Pueblo alertó sobre la presencia de otros grupos armados ilegales, como el Clan del Golfo y disidencias de las FARC, que disputan el control territorial en el Chocó. Esta confrontación entre grupos armados ha intensificado la violencia, afectando principalmente a comunidades afrocolombianas e indígenas que habitan la región.
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El Gobierno Nacional, por su parte, ha condenado las acciones del ELN y ha desplegado más de 1.500 tropas en la región para garantizar la seguridad de la población y restablecer el orden. Sin embargo, la complejidad geográfica del Chocó, caracterizada por su densa selva y limitada infraestructura, dificulta las operaciones militares y la asistencia humanitaria.
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Organizaciones de derechos humanos, como Save the Children, han expresado su preocupación por el impacto de este paro armado en los niños y adolescentes de la región, quienes se ven privados de acceso a educación, atención médica y otros servicios básicos.
Este es el noveno paro armado que el ELN ha decretado en el Chocó en menos de dos años, lo que evidencia la persistente crisis de seguridad y la necesidad de soluciones integrales que aborden las causas estructurales del conflicto en la región. La comunidad internacional y diversos sectores de la sociedad civil han instado al Gobierno y a los grupos armados a retomar los diálogos de paz y a implementar medidas que garanticen la protección de la población civil.
