Los falsos positivos en Colombia se refieren a la ejecución extrajudicial de civiles por parte de miembros del Ejército, quienes los presentaban como guerrilleros muertos en combate para obtener incentivos. Estos crímenes ocurrieron principalmente entre 2002 y 2008, en el contexto del conflicto armado y bajo la política de seguridad democrática. La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha documentado miles de casos, calificándolos como crímenes de lesa humanidad, con responsabilidades en altos mandos militares. Pero ahora desde la JEP, aseguraron que los falsos positivos no fueron una política de Estado ni una política de Seguridad.
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Desde la JEP aseguraron que “el texto de la política de seguridad democrática no consignaba la política de control de cuerpos. La política de seguridad democrática hablaba de la vigencia del estado de derecho en todo el territorio nacional y no decía que el éxito se medía en bajas. Al contrario, decía que son indicadores las bajas, las capturas, las desmovilizaciones, eh la recuperación de material de guerra”.
Sumado a esto, desde la entidad también aseguraron que “el plan patriota incluso tenía una lista de indicadores más sofisticados como ausencia de secuestros, ausencia de extorsiones, ausencia de retenes, mejora de la inteligencia y decía expresamente que las bajas no son lo más importante”.
Con esto, queda abierta la pregunta de por qué se realizaron estas ejecuciones extrajudicial a cientos de personas, que además, eran presentadas como bajas en combate. “La pregunta es por qué los generales en este caso de la cuarta brigada impusieron esta política de control de cuerpos tan abierta explícitamente durante 6 años en todas las comunicaciones radiales formales a la escucha de una cantidad de oficiales y suboficiales apoyándose, o sea, el músculo de la política son los incentivos”.
Finalmente, la JEP manifestó dejó en el aire la siguiente duda: “cómo esos generales durante 6 años, hablo en este caso de Antioquia, implementan todos los días abiertamente en esos programas esta política con desatando este patrón macrocriminal a sabiendas de lo que les había advertido la gobernación de Antioquia, Naciones Unidas, el se CR, la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, las organizaciones sociales de que estaban ocurriendo asesinatos y desapariciones”.
