El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un paro armado de 72 horas en el departamento del Chocó, programado para iniciar este martes 18 de febrero de 2025. Esto generó preocupación entre las autoridades y la población local.
PUBLICIDAD
El Frente de Guerra Occidental Ogli Padilla del ELN, emitió un comunicado en el que informa sobre la realización del paro armado, coincidiendo con la conmemoración de la muerte de Camilo Torres Restrepo hace 58 años. En el documento, el grupo al margen de la ley, argumenta que esta acción busca “desenmascarar los planes de la oligarquía” y denuncia la presencia de grupos paramilitares en la región, así como la falta de respuesta estatal ante la crisis humanitaria que enfrenta el Chocó.
Ante este anuncio, el general William Caicedo, comandante de la Decimoquinta Brigada del Ejército, expresó en una entrevista con Blu Radio que, más que un paro armado, esta medida del ELN es una estrategia para restringir la movilidad de la población y facilitar el tráfico de drogas en la región. Según el general Caicedo, el ELN utiliza estas tácticas para mantener a la población civil inmovilizada, permitiendo así el paso de los alucinógenos.
El secretario del Interior del Chocó, en declaraciones a Caracol Radio, manifestó su preocupación por las consecuencias que este paro armado podría tener en la población civil. Indicó que la medida afectará principalmente a seis municipios: Itsmina, Medio San Juan, Litoral San Juan, Litoral del San Juan, Sipí y Nóvita. Además, advirtió sobre el riesgo de desplazamientos y confinamientos, así como posibles amenazas contra líderes sociales y comunitarios en estas áreas.
La situación en el Chocó se ha deteriorado en los últimos meses debido a los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo, quienes disputan el control de territorios estratégicos para el narcotráfico. Estos conflictos han provocado desplazamientos masivos y confinamientos de comunidades enteras. Según cifras oficiales, más de 12,600 personas han sido afectadas por este conflicto, de las cuales 3,400 han sufrido desplazamiento y confinamiento.
En respuesta a la situación, las autoridades locales y nacionales han convocado consejos de seguridad y comités de justicia transicional para abordar la crisis y coordinar acciones que garanticen la protección de la población civil. Sin embargo, la complejidad del conflicto y la presencia de múltiples actores armados ilegales en la región dificultan la implementación efectiva de medidas de seguridad y asistencia humanitaria.
