En Santa Marta se presentó un presunto abuso sexual ocurrido en el Hospital Julio Méndez Barreneche, ubicado en la capital del Magdalena. La víctima, Elías Enrique Ospino, de 44 años, presenta un diagnóstico de retraso mental grave, lo que ha añadido mayor complejidad y preocupación a este delicado caso. La investigación, que fue recientemente revelada por la Fiscalía General de la Nación, apunta a Germán Bustos Gil, un hombre acusado de cometer el abuso en las instalaciones del hospital.
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¿Cómo habría ocurrido el abuso sexual a un paciente psiquiátrico en Santa Marta?
Según los detalles expuestos por la Fiscalía, el incidente se habría producido el 2 de mayo de 2024, sin embargo, no fue sino hasta febrero de 2025 que se inició el proceso judicial contra Bustos Gil en el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Santa Marta. La acusación señala que el presunto agresor accedió carnalmente a Ospino en un baño del hospital, un acto que fue presenciado por un enfermero del centro de salud. El testigo inmediato informó sobre la situación a la administración del hospital, lo que permitió que se tomaran las medidas pertinentes.
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En la audiencia preliminar, la Fiscalía acusó a Germán Bustos Gil de “acceso carnal o acto sexual con incapaz de resistir”, debido a la evidente vulnerabilidad de la víctima. La investigación indicó que el procesado estaba plenamente consciente de lo que estaba realizando. No obstante, Bustos Gil negó los cargos en su contra durante la audiencia, lo que complicó aún más la situación.
Medida de aseguramiento para el sospechoso del crimen
Tras las primeras declaraciones, la Fiscalía solicitó al juez la medida de aseguramiento en un centro carcelario para Bustos Gil, pero la decisión aún está pendiente. La situación jurídica del acusado será evaluada en las próximas semanas, mientras que el proceso judicial continúa su curso. De igual manera, la situación de salud de la víctima se mantiene en reserva.
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Mientras el caso avanza en los tribunales, la administración del hospital Julio Méndez Barreneche no se ha pronunciado de manera oficial sobre los hechos. El silencio de las directivas ha levantado más interrogantes y ha aumentado la presión pública sobre las autoridades de salud locales para que aclaren su rol en el manejo de la situación.
