En las últimas horas se publicó un informe sobre la preocupante situación humanitaria que se está registrando en Catatumbo, desde que comenzó la guerra entre los grupos al margen de la ley de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN, el 16 de enero de este 2025. La Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), de la ONU, y demás agencias como el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), indicaron que al menos 84.638 personas se han visto afectadas.
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“Se estima que al menos 84.683 personas han sido afectadas, lo que constituye la mayor crisis por desplazamiento forzado y confinamiento desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016. Ante esta situación, más de 50.000 personas han abandonado sus hogares, concentrándose principalmente en los cascos urbanos de Cúcuta, Tibú y Ocaña. La magnitud de esta crisis ha desbordado la capacidad de respuesta de las administraciones municipales, que han solicitado apoyo al Gobierno departamental y nacional para atender la emergencia”, señala el informe de las agencias.
Cabe resaltar que el 57% de los municipios del Norte de Santander se han visto gravemente afectados, además, indicaron en el informe que al menos 4.443 migrantes y personas refugiadas también se han visto afectadas.
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“Se ha reportado el desplazamiento de al menos 357 docentes, lo que ha interrumpido la continuidad educativa y ha generado riesgos de protección para 46.032 niños, niñas y adolescentes. La ausencia de personal docente, el cierre de escuelas debido a la presencia de grupos, la posible instalación de minas antipersona y la dejación de municiones sin explosionar (MSE) en inmediaciones a estos centros educativos y las restricciones de movilidad han limitado el acceso a espacios seguros de aprendizaje, afectando el derecho fundamental a la educación de la niñez y adolescencia en el Catatumbo”.
La mayoría de personas desplazadas han llegado a las ciudades de Cúcuta, Tibú y Ocaña. “Durante el desplazamiento forzado varias familias se separaron y se encuentran ubicadas en distintos lugares de alojamiento, requiriendo poder reunificarse. Se identifica población con discapacidad que requiere de una atención diferencial. Se destaca el desplazamiento de refugiados y migrantes en situación migratoria irregular en Colombia, que no pueden regresar a su país de origen por los riesgos que ello representa”, indicaron.
Otra de las preocupaciones es que la atención médica ha disminuido y en la mayoría de los casos también hay sobreocupación de camas de la red hospitalaria y escasez de medicamentos e insumos. “La desescolarización de niños, niñas y adolescentes aumenta por la falta de estrategias de movilidad escolar y la pérdida del año académico. Los albergues y albergues temporales no cuentan con condiciones adecuadas lo que expone a los niños, niñas y adolescentes a posibles riesgos de abuso sexual, consumo de sustancias y explotación sexual”.
