Hace minutos se conoció que la Corte Constitucional tomó la decisión de tumbar una parte de una ley de 2016 que les permitía a los departamentos prohibir la venta de ciertos licores en sus propios territorios. De hecho, en virtud de esta norma, en Cundinamarca y Bogotá no estaba habilitada la venta del popular Aguardiente Amarillo proveniente del departamento de Caldas.
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La alta corte tomó la decisión de poner la libertad que tienen los consumidores para elegir por encima de los intereses de la entidades territoriales para garantizar la salud de sus finanzas, pues los licores son parte importante de los ingresos que reciben las gobernaciones en Colombia.
Así mismo, la Corte Constitucional aseveró que las disposiciones que habían sido objeto de las demandas también afectaban la libre competencia, clave para el mercado de los licores. Puntualmente, indicaron que cuando aplican esta norma para prohibir algunas marcas específicas de aguardientes, los departamentos están restrigiendo “de forma absoluta” la posibilidad de que los ciudadanos elijan el licor que desean consumir.
“El efecto de la medida en la libre competencia se replica en el ejercicio de la libertad de elección de los consumidores. La medida implica que los oferentes de aguardiente se reducen a uno, de modo que los consumidores de aguardiente se ven privados por completo de la libertad de elegir el proveedor del aguardiente que consumirán”, señaló la Corte en un pronunciamiento que fue citado por Cambio.
Algunas gobernaciones estaban en contra de levantar la posibilidad de implementar prohibiciones
Si bien gobernaciones como la de Caldas habían indicado que la posibilidad de levantar el veto podía ser saludable para el mercado, muchas de ellas también manifestaron su desacuerdo con la medida.
Por ejemplo, las gobernaciones de Cundinamarca y de Antioquia habían argumentado que la subsistencia de las licoreras departamentales dependía en gran medida de la posibilidad de sus jurisdicciones para fijar prohibiciones en aquellos casos en los cuales los aguardientes pudieran poner en entredicho el futuro de la producción de alcohol local.
