La Defensoría del Pueblo ha emitido una nueva Alerta Temprana de Inminencia (ATI) 002 del 2025, debido a los crecientes riesgos que enfrentan los habitantes de los municipios de Pradera y Florida, en el sur del Valle del Cauca. Esta advertencia tiene como objetivo resaltar la grave situación de vulneración de derechos humanos que afecta a diversas poblaciones, en particular a las comunidades campesinas, pueblos indígenas, firmantes del Acuerdo de Paz, mujeres, niños y niñas, y defensores de derechos humanos.
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Pradera y Florida son zonas de interés estratégico para los grupos armados ilegales que luchan por el control territorial. En el caso específico del sur del Valle, las disidencias de las FARC-EP, bajo las órdenes de ‘Iván Mordisco’, y el grupo disidente Frente 57 Yair Bermúdez han intensificado sus enfrentamientos. Estos grupos buscan controlar estos territorios para continuar con actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal y otras economías informales que alimentan el conflicto armado.
La disputa entre estos actores ha tenido efectos devastadores sobre las comunidades locales. La violencia se ha intensificado, lo que ha resultado en un aumento de homicidios, que para el 2024 registraron 51 casos en Florida, según lo reportado por el Departamento de Policía de Valle del Cauca. La Defensoría del Pueblo también alertó sobre los desplazamientos forzados y amenazas directas a la población civil. Además, las mujeres, niños, niñas y adolescentes son los grupos más vulnerables, ya que enfrentan un incremento de la violencia de género y el reclutamiento forzado por parte de estos grupos armados.
La situación de inseguridad afecta gravemente a varios sectores de la población en la región. Las comunidades campesinas, que ya de por sí viven en condiciones precarias, se enfrentan al despojo de sus tierras y a la constante presión de los grupos armados, que buscan apropiarse de sus territorios para sus actividades ilícitas. Los campesinos han sido desplazados y viven bajo amenaza constante, lo que ha generado un escenario de gran incertidumbre y sufrimiento.
Por otro lado, los pueblos indígenas, especialmente el pueblo Nasa, se encuentran atrapados entre los intereses de los grupos armados. Los resguardos indígenas en los municipios de Pradera y Florida han sido objeto de ataques y presiones, lo que pone en riesgo su supervivencia como pueblos autónomos y sus tradiciones culturales.
Así mismo, los firmantes del Acuerdo de Paz también están siendo blanco de ataques. Las personas que decidieron participar en el proceso de reincorporación a la vida civil están siendo amenazadas por los grupos armados, que intentan forzarlos a reintegrarse a sus filas. Esta situación también ha afectado a los miembros del partido Comunes, quienes han sido objeto de violencia por su vinculación al proceso de paz.
El riesgo de violencia se debe principalmente a la confrontación entre tres grupos armados, los cuales tienen distintos objetivos y estrategias:
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- Frente Adán Izquierdo: Este grupo, vinculado al Bloque Central Isaías Pardo, opera principalmente en Pradera. Utiliza estrategias de movilidad en pequeños grupos para evitar confrontaciones directas.
- Frente Dagoberto Ramos: Actúa en Florida y es parte del Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas. Este grupo ha focalizado sus ataques contra el pueblo Nasa, uno de los más afectados en la región.
- Frente 57 “Yair Bermúdez”: Un grupo independiente que desde finales de 2023 ha comenzado a expandirse en la zona, intensificando las confrontaciones con los otros frentes y utilizando un discurso social para ganar apoyo en las comunidades locales.
Además, las mujeres, en especial aquellas en las áreas rurales, enfrentan un incremento alarmante de la violencia basada en género. Las niñas y los niños, por su parte, son víctimas del reclutamiento forzado y otras formas de explotación por parte de los actores armados. Esto representa una violación grave de sus derechos fundamentales y una amenaza directa a su bienestar.
“Se resalta siempre el riesgo por ejemplo por violencia sexual o feminicidios, conductas vulneratorias que son graves, pero no se habla de los efectos del reclutamiento forzado de NNA, especialmente de niñas reclutadas en ámbitos rurales y los roles que ellas cumplen en las filas, la ruptura familiar que esto genera, el papel que asumen generalmente las madres, que se constituyen en “buscadoras””, precisó la entidad.
Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo ha instado a las autoridades nacionales y locales a tomar medidas urgentes para garantizar la protección de las comunidades afectadas. La Alerta Temprana de Inminencia recomienda un trabajo conjunto e interinstitucional entre diferentes entidades, incluyendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, la Fiscalía General de la Nación, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y las alcaldías de Pradera y Florida.
Una de las medidas clave es la priorización de investigaciones judiciales para desmantelar las estructuras criminales que operan en la zona. Además, se ha solicitado el desarrollo de rutas especiales de protección para las comunidades más vulnerables, así como el fortalecimiento de las capacidades comunitarias para la gestión de riesgos.
