En un nuevo giro del escándalo de corrupción que envuelve a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo López, exdirector de la entidad, ha proporcionado testimonios cruciales que apuntan directamente al exministro del Interior, Luis Fernando Velasco. Según su declaración ante la Corte Suprema, Velasco estaría vinculado en un esquema de sobornos que involucra millonarios contratos para influir en la aprobación de reformas clave en el Congreso, así lo habría revelado la revista Semana.
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En el testimonio, López señaló que: “Estoy negociando, dijo el doctor Velasco, ministro del Interior, para sacar adelante en la Comisión, no dijo cuál, la reforma y que pasen la reforma a la salud. Me están pidiendo en contratación 80.000 millones de pesos para los congresistas. Yo arranqué la oferta en 35.000. Voy a ver cuánto logro negociar con ellos”, aseguró, quien detalló las maniobras para conseguir el respaldo de los congresistas, principalmente de la Comisión Primera del Senado, en favor de la reforma a la salud.
El exdirector de la UNGRD detalló cómo las negociaciones implicaban la entrega de contratos por grandes sumas de dinero, lo que pondría a Velasco en el centro de la polémica. Además, López mencionó la participación del senador Julio Elías Chagüi, quien, de acuerdo a Semana y según testimonios previos, sería el intermediario entre los congresistas y los contratos de la UNGRD e Invías.
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Una red de corrupción que incluye a altos funcionarios
El testimonio de López también coincide con el de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda, quien aseguró que Chagüi representaba a varios congresistas que recibirían contratos del Estado. En particular, Chagüi habría sido el responsable de gestionar 30 contratos por valor de millones de pesos a favor de sus compañeros de la Comisión Primera del Senado.
El exdirector de la UNGRD también señaló que el exministro Velasco había dado instrucciones claras para que se cumpliera un acuerdo con los congresistas, lo que también involucraba a Iván Name y Andrés Calle, expresidentes del Congreso. Según López, el acuerdo pasó por el despacho de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien también está implicado en este esquema de corrupción.
La situación se complica aún más, ya que las autoridades están investigando la vinculación de familiares de los expresidentes del Congreso, como María Clara Name y Gabriel Calle, quienes supuestamente se beneficiaron de estos contratos. María Clara Name, actual concejal de Bogotá, y Gabriel Calle, alcalde de Montelíbano en Córdoba, son ahora objeto de atención en el marco de estas investigaciones.
