El Tribunal Administrativo de Cundinamarca enfrenta una decisión clave que podría alterar el curso de una demanda millonaria de 117.000 millones de pesos, originada por una licitación desierta relacionada con la expedición de pasaportes. En juego está una solicitud de prórroga presentada por el Estado colombiano y la firma Thomas Greg & Sons para extender la suspensión del proceso judicial hasta el 4 de febrero de 2025. La decisión que tomará el tribunal podría determinar si el caso, inicialmente programado para reactivarse este 23 de enero, sigue suspendido o avanza hacia su resolución definitiva.
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El 19 de enero de 2025, a través de un memorial conjunto, los representantes legales tanto del Estado como de Thomas Greg & Sons solicitaron una prórroga en la suspensión que había sido acordada previamente. En el documento dirigido al Tribunal Administrativo, ambas partes argumentan que, en conformidad con lo establecido en el artículo 161 numeral 2 del Código General del Proceso, se debe extender la suspensión del proceso desde el 23 de enero hasta el 4 de febrero de 2025, inclusive. Este plazo adicional, si es aceptado, daría tiempo a ambas partes para explorar posibles alternativas de solución o ajustar sus estrategias antes de que se reanude el litigio.
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Origen de la demanda
Este litigio tiene su origen en la decisión tomada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en septiembre de 2023, cuando la entonces Cancillería, bajo la dirección de Álvaro Leyva, decidió declarar desierta una licitación de casi 600.000 millones de pesos para la expedición de pasaportes. La firma Thomas Greg & Sons, que había sido el único postor habilitado en el proceso, vio en esta resolución una vulneración de sus derechos contractuales. En consecuencia, la empresa interpuso una demanda el 19 de diciembre de 2023, exigiendo una indemnización de 117.000 millones de pesos por los perjuicios económicos derivados de la decisión administrativa.
“En su demanda, Thomas Greg & Sons solicita la revocatoria de la resolución 7485 del 13 de septiembre de 2023, firmada por el excanciller Álvaro Leyva, y el reconocimiento de la indemnización, argumentando perjuicios económicos derivados de la decisión administrativa”, señala el comunicado oficial.
El conflicto está cargado de implicaciones tanto para el Estado colombiano como para la firma demandante. En primer lugar, está en juego el desembolso de una indemnización millonaria que podría afectar de manera significativa los recursos del Ministerio de Relaciones Exteriores.
El futuro de este litigio depende ahora de la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Si el tribunal acepta la solicitud de prórroga, las partes tendrán más tiempo para resolver el conflicto de manera extrajudicial o preparar sus próximos pasos dentro del proceso judicial. Sin embargo, si el tribunal rechaza la solicitud, el caso se reactivará este 23 de enero, abriendo una nueva fase del litigio, con implicaciones no solo legales, sino también financieras y de gestión pública.
