Este jueves, 23 de enero, se conoció un nuevo reporte de la Defensoría del Pueblo, en el que se indica que aumentó a más de 36.000 personas desplazadas por la crisis que se vive en el Catatumbo. Además, confirmó que hasta el momento se han recibido 41 cuerpos sin vida en las sedes del Instituto de Medicina Legal.
Además, asegura que han evitado el confinamiento, rescatando personas y otras trasladadas en caravanas terrestres, motorizadas o fluviales.
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Sigue en aumento la cantidad de personas desplazadas en el Catatumbo
“De acuerdo con información entregada por el Comité Territorial de Justicia Transicional Ampliado de Norte de Santander, a la fecha se han identificado 36.139 personas desplazadas”, indicó la Defensoría.
En relación a quienes se estarían desplazando indicaron que son “muchas personas, entre ellas firmantes de paz y líderes e inclusive niños y niñas, enfrentan un riesgo especial de ser secuestradas o asesinadas”.
Asimismo, indicaron que se han logrado evacuar a 435 personas en vuelos humanitarios. Desde Tibú, 200 personas de especial protección han sido evacuadas con apoyo del Ejército Nacional.
En total, los firmantes de paz afectados son “6 firmantes asesinados, 7 desaparecidos (2 liberados), y 102 desplazados. En Ocaña, los y las firmantes solicitan refugio por alto riesgo”, reveló la entidad.
“El Gobernador de Norte de Santander reporta 80 asesinatos y la Defensoría cuenta con información de diferentes espacios de articulación de, al menos, 60 personas. Medicina Legal ha identificado 41 cuerpos, 34 han sido entregados a sus familias”, agregó el reporte.
La comunidad indígena Yukpa ha registrado desplazamiento en comunidades en San Pablo, Tibú y Cúcuta, afectando a 631 personas. El Resguardo Catalaura recibe familias desplazadas, con necesidad urgente de asistencia humanitaria.
“Es necesario garantizar la seguridad, caracterización de víctimas, atención en albergues, y protección a líderes y lideresas, así como a alcaldes, alcaldesas, personeros y personeras del Catatumbo. Se enfatiza el llamado a la acción inmediata para estabilizar la crisis y avanzar en soluciones duraderas que beneficien a las comunidades afectadas”, es el llamado de la Defensoría para el Gobierno Nacional.
