La muerte era la compañera de trabajo de Miguel Ángel López, un embalsamador que vivía en el municipio de Tibú, Norte de Santander. Acostumbrado a trabajar con los rescoldos que dejaba la violencia en el Catatumbo, una de las regiones más conflictivas de Colombia, una noche también se convirtió en su víctima.
El miércoles 15 de enero, cuando se encontraba en el improvisado carro funerario que había adecuado, fue vilmente asesinado por pistoleros que llegaron a dispararle en una moto. Junto a él estaban su esposa, Zulay Durán Pacheco, y dos de sus hijos. Zulay y su hijo menor, de apenas 6 meses, murieron en el ataque.
Su hijo mayor, de 10 años, resultó ileso. Milagrosamente, la muerte lo perdonó. Ahora engrosa la triste lista de niños que quedaron huérfanos por culpa de la violencia en Colombia.
(Lea también: Revelan que un niño de 10 años salió ileso de la masacre de su familia en Tibú, Norte de Santander).
La noticia de que el laborioso embalsamador de Tibú, su esposa y su bebé habían sido asesinados recorrió el país rápidamente. El crimen, según las autoridades, ocurrió sobre las 8:20 de la noche. A las 10:26 de la noche el presidente Gustavo Petro hizo una publicación lamentando la noticia.
“Una noticia lamentable. El día de hoy en horas de la noche, en vereda La Valera del corregimiento La Silla, se registró el homicidio de 3 personas (miembros de una misma familia) con proyectil de arma de fuego, por sujetos sin identificar. El hecho se habría presentado cuando las víctimas se movilizaban en un vehículo particular, desde la ciudad de Cúcuta hacia Tibú, siendo presuntamente interceptados por sujetos, quienes les habrían disparado. De igual forma entre las personas asesinadas estaría un bebé de 6 meses. Unidades de Policía se encuentran adelantando actividades de recolección de información y verificación, para establecer los móviles y autores del hecho”, fue el reporte que dio el presidente Gustavo Petro.
El presidente anunció una recompensa millonaria
La noticia abrió varios noticieros de las emisoras y la televisión durante la mañana de este jueves. Las preguntas sobre los responsables proliferaron y la verdad era que las autoridades no tenían mayores detalles sobre sus identidades, sus motivos y los jefes que seguramente ordenaron la comisión de uno de los crímenes más infames de los últimos meses.
En principio, no había otra pista más allá de sospechar de los mismos de siempre: los actores armados que operan en esa región del Catatumbo. En una entrevista con Noticias Caracol el coronel Néstor Rodrigo Arévalo, comandante de la Policía de Norte de Santander, sostuvo que en esa zona de Tibú tienen una presencia casi “permanente” dos grupos: las disidencias de las Farc y el Eln. Una presencia tan permanente que es capaz de desplazar comunidades enteras, una presencia tan permanente que Miguel Ángel López debía asumir las funciones del Estado y recoger a las víctimas de muertes violentas.
“Desde la misma Presidencia de la República se ha ordenado estructurar un grupo especial para esclarecer este hecho de homicidio”, sostuvo el coronel. Además, A media mañana se conoció que la Fiscalía General de la Nación le asignó el caso a una fiscal del Grupo de Homicidios Colectivos. Luego, en la tarde, el presidente Petro anunció una recompensa de 100 millones de pesos para quien dé información que conduzca a la captura de los autores de la segunda masacre del año, porque, es cierto, no fue la primera, porque la violencia en Colombia no descansa ni siquiera en los primeros días del año.
El documental de Miguel Ángel López
Este jueves también se desempolvó un documental que hizo el canal de YouTube Realidades sobre la vida de Miguel Ángel López. Allí, el embalsamador de Tibú contó todo cuanto aprendió en los años en los que tuvo que recoger y preparar a cientos de muertos de su región. En una región con tanta violencia, lo que hacía López era una labor humanitaria.
Uno de los apartes mas dramáticos del documental muestra un cuarto en el que Miguel Ángel guardaba los ataúdes, dos de los cuales eran más pequeños que los demás. Por la naturaleza de su trabajo, no era una persona impresionable, pero se le notaba en la mirada que las muertes de los niños le causaban conmoción.
“Tenemos los (ataúdes) de los niños, que son los que menos se quieren vender y los que menos se quieren sacar. Pero de todos modos también se tienen, porque nosotros no tenemos edad ni parentesco para la muerte”, indicó en el documental. Y recordó que uno de los hechos que lo afectó profundamente ocurrió en el 2013, cuando tuvo que atender la muerte de un niño asesinado por grupos armados. Con los ojos llenos de lágrimas recordó que la mamá del niño le dio las gracias por ayudar a transportar su cadáver. El dolor en su mirada se ve aún más trágico cuando se piensa en su muerte y la de su familia.
Más allá de la dureza del documental, también podría convertirse en una pieza clave de la investigación. Fue publicado hace solo cuatro meses y allí Miguel Ángel cuenta algunos hechos que podrían resultar incómodos para distintos actores armados. Conocer los secretos de la muerte es también conocer los secretos de los violentos.
“Siempre uno se trata de asesorar y coordinar que cuando se vaya a hacer el levantamiento del cuerpo esté lo más sano posible, porque de todos modos nosotros vamos a cumplir una labor humanitaria. Si en ocasiones se presenta la situación como tal, se debe dialogar con ellos”, aseguró Miguel Ángel.
El orden público en el Catatumbo se agrava
El conflicto en el Catatumbo se recrudece. Así lo mostró la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento reciente. Entre otras cosas, la entidad advirtió que se han presentado una serie de confrontaciones entre las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (EMC) y el Eln.
“Este conflicto armado ha generado una grave vulneración de derechos humanos en los municipios de esta zona del país. Desde esta mañana se reportan actos de violencia que ya han dejado víctimas mortales y se prevé un desplazamiento masivo de comunidades enteras, lo que agudiza la crisis humanitaria en esta región”, indicó la Defensoría del Pueblo en un pronunciamiento público.
También sostuvieron que en este momento mantendrán un monitoreo constante de las situaciones que se están registrando en el Catatumbo. En esa medida, señalaron que proyectan realizar requerimientos para que haya acciones integrales con el fin de proteger y apoyar a la población civil.
“La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente a los actores armados para que cesen los enfrentamientos que ponen en riesgo la vida, la integridad y el bienestar de la población civil. Asimismo, instamos al Gobierno Nacional y a los entes territoriales a redoblar esfuerzos para garantizar la asistencia humanitaria y la restauración de los derechos de las comunidades afectadas”, concluyó el Ministerio Público.
