El Congreso de Colombia está avanzando en la regulación de las aplicaciones de transporte privado, como Uber, DiDi, Cabify, entre otras. El proyecto de ley 136 de 2024 busca establecer un marco legal que ordene y controle el funcionamiento de estas plataformas digitales, al tiempo que soluciona varios de los problemas que enfrentan los conductores que dependen de ellas. Una de las principales propuestas de este proyecto es la creación de un Registro Único Nacional del Servicio de Movilidad Intermediado (Runsmi), que permitirá evitar la inmovilización de los vehículos de los conductores registrados. Esta nueva legislación podría marcar un cambio significativo para los miles de conductores que operan con estas aplicaciones en el país.
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¿Qué es el Runsmi y cómo cambiará el panorama del transporte por plataformas digitales?
El Runsmi será una plataforma centralizada que reunirá la información de los actores clave involucrados en el transporte intermediado por plataformas digitales. Este registro será administrado por el Ministerio de Transporte en conjunto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), y permitirá la identificación y validación de conductores, propietarios de vehículos y las plataformas operativas, como Uber y DiDi. Su principal objetivo será garantizar la legalidad y transparencia en el servicio, facilitando tanto el cumplimiento de normas como la supervisión estatal.
De ser aprobado el proyecto, el Runsmi deberá crearse en un plazo de seis meses, tras lo cual los conductores y las plataformas tendrán otro semestre para realizar el registro y adaptarse a los nuevos requerimientos.
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Requisitos para los conductores de plataformas digitales
Para que los conductores puedan operar legalmente bajo esta nueva normativa, deberán cumplir con varios requisitos, que incluyen:
- Registro obligatorio en el Runsmi: Los conductores deberán inscribirse y mantener su información actualizada cada seis meses.
- Documentación actualizada: Los vehículos deberán contar con el SOAT y la revisión técnico-mecánica al día, asegurando la legalidad y la seguridad del transporte.
- Seguros adicionales: Las plataformas deberán ofrecer pólizas que cubran posibles riesgos para conductores, pasajeros y terceros.
- Evaluación del servicio: Los usuarios podrán calificar a los conductores, lo que contribuirá a mantener estándares de calidad en el servicio.
- Tarifas dinámicas: Se permitirá la implementación de tarifas ajustadas según la oferta y demanda, lo que brindaría mayor flexibilidad al sistema de transporte.
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Modificación en el Código Nacional de Tránsito
Uno de los cambios clave propuestos por el proyecto de ley es la modificación del artículo 131 del Código Nacional de Tránsito. Actualmente, este artículo establece sanciones severas, incluidas multas y la inmovilización de vehículos, para aquellos que prestan servicios de transporte público no autorizado. Con la nueva ley, los vehículos particulares registrados en el Runsmi podrán operar de manera legal bajo plataformas digitales, eliminando la infracción D12 que actualmente puede implicar una multa de hasta 1.300.000 pesos.
Impacto de las sanciones previas
A pesar de los beneficios de la nueva regulación, es importante aclarar que las sanciones impuestas antes de su aprobación no serán retroactivas. Según la abogada Danna Piñeros, consultora jurídica entrevistada por Blu Radio, los conductores que hayan sido multados o inmovilizados antes de que la ley entre en vigor deberán seguir cumpliendo con las sanciones impuestas. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la ley, el escenario cambiará sustancialmente para los conductores registrados.
¿Qué falta para que esta ley entre en vigor?
Para que el proyecto de ley 136 de 2024 se convierta en ley, aún debe pasar por varios procesos legislativos. El proyecto debe ser aprobado en cuatro debates en el Congreso, distribuidos entre la Cámara de Representantes y el Senado. Posteriormente, la Corte Constitucional deberá realizar un control previo para asegurar que el proyecto cumpla con los requisitos legales y constitucionales antes de su sanción final. Esto podría llevar varios meses más, pero, de aprobarse, representaría una mejora significativa en la regulación del transporte intermediado por plataformas en Colombia.
