El 30 de diciembre de 2024, la Procuraduría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia sancionando a los responsables del escándalo de corrupción que involucró a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en relación con la adquisición de carrotanques. Las investigaciones revelaron irregularidades en el proceso de contratación que resultaron en millonarios sobrecostos para la compra de vehículos destinados al abastecimiento de agua en La Guajira.
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Corrupción en la compra de carrotanques: un daño millonario
La controversia surgió cuando se descubrió que la UNGRD había pagado más de un 54 % por encima del precio real del mercado para la compra de 40 carrotanques. Según la Procuraduría, estos costos excesivos superaron los 16.000 millones de pesos, lo que generó un evidente detrimento patrimonial. El exdirector de la UNGRD, Olmedo López, fue uno de los responsables de esta situación, al autorizar el pago a los contratistas sin tomar en cuenta los altos precios que no se ajustaban a los valores de mercado. En palabras del ente disciplinario, López no cumplió con los principios de eficacia, moralidad y economía que rigen la administración pública.
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Responsabilidad de Sneyder Pinilla en el escándalo de la UNGRD
El subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, también fue señalado en este escándalo. Según la Procuraduría, Pinilla tuvo una participación activa en la gestión de la compra de los carrotanques. A pesar de recibir tres cotizaciones que superaban ampliamente los precios reales, aprobó el pago sin verificar la veracidad de los valores. Además, Pinilla certificó que los vehículos fueron entregados de manera satisfactoria, a pesar de que no se utilizaron para los fines previstos, específicamente para el abastecimiento de agua en La Guajira, tal como lo estipulaba el decreto 2113 de 2022.
Como resultado de sus acciones, Olmedo López fue sancionado con la destitución de su cargo y una inhabilidad general para ejercer funciones públicas durante 18 años. Por su parte, Sneyder Pinilla recibió una sanción aún más grave, con destitución e inhabilidad por 20 años. La Procuraduría calificó sus conductas como “gravísimas” y señaló que ambas incurrieron en faltas que afectan directamente los intereses del Estado.
Además de López y Pinilla, la Procuraduría también señaló al exsubdirector de la UNGRD, Víctor Andrés Meza, quien estuvo involucrado en la aprobación de pagos al contratista. Meza firmó la ratificación de la orden de proveeduría para permitir que la Fiduciaria La Previsora realizara el pago al contratista, lo que también contribuyó al daño al patrimonio público. En consecuencia, se le impuso una sanción de destitución e inhabilidad general por 10 años.
