Un concejal del municipio de Puerto López, en el departamento del Meta, y un antiguo inspector de la Policía habrían resultado involucrados en un grupo criminal conocido como ‘Renacer’ y señalado de desplazar y usurpar tierras. Así lo indicó la Fiscalía General de la Nación a través de un boletín de prensa difundido en la mañana de este jueves 19 de diciembre.
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“Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales presentó ante un juez de control de garantías a 10 presuntos integrantes del grupo delincuencial ‘Renacer’, entre ellos al concejal de Puerto López (Meta), Carlos Orlando Heredia Leal, y al exinspector de policía, Carlos Gilberto Romero Parrado, como presuntos responsables de desplazamientos y usurpación de tierras en el oriente del país”, advirtió el ente investigador en su comunicado.
Puntualmente, les imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de desplazamiento forzado, desplazamiento forzado, financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada; y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada.
Pese a todo, los señalados integrantes del grupo delincuencial decidieron no aceptar los cargos. En todo caso, el juez de control de garantías tomó la decisión de cobijarlos con una medida de aseguramiento en centro carcelario.
“Además de los funcionarios, los otros afectados con la decisión son: Sibel Rubiano Galvis, Carlos Enrique Osorio, Álvaro Cegua García, Luis Eduardo Quiceno Tonguino, Celerino Marín Moreno, Bernardo Antonio Ramírez Montoya, Manuel Leonardo García Herrera y Pedro Alejandro Rojas Campos”, advirtió la Fiscalía.
El modus operandi del grupo criminal
Entre tanto, el ente investigador sostuvo que, según el material probatorio que recopiló, el modus operandi del grupo ‘Renacer’ consistía en desplazar a dueños de fincas en municipios del Meta como Puerto López, Puerto Gaitán y Villavicencio.
“Posteriormente, el concejal Heredia Leal y el exinspector Enrique Osorio, al parecer, facilitaban los trámites administrativos para que los predios pasaran a manos de terceros, quienes los vendían como propios a la Agencia Nacional de Tierras (ANT). En otras ocasiones las propiedades habrían sido utilizadas para actividades delictivas relacionadas con narcotráfico y tráfico de armas. Hasta el momento han sido acreditados tres eventos delictivos que involucran a igual número de fincas”, concluyó la Fiscalía.
