Hace apenas unos minutos la Fiscalía General de la Nación confirmó que el empresario Emilio Tapia fue condenado a seis años y cuatro meses de cárcel por su participación en dos escándalos de corrupción que sacudieron a Colombia en los últimos años.
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Por un lado, lo señalan de tener que ver con las irregularidades identificadas en el caso de ‘Centros Poblados’, un proyecto del Ministerio de las TIC que buscaba habilitar puntos de internet en escuelas de múltiples zonas rurales de Colombia. Así mismo, encontraron que sus tentáculos también llegaron a dos procesos contractuales que se llevaron a cabo en las Empresas Municipales de Cali. Vale decir que la condena fue resultado de que Tapia suscribió un preacuerdo con la Fiscalía.
“El sentenciado previamente había aceptado de manera libre y voluntaria los delitos de peculado por apropiación agravado, fraude procesal y falsedad en documento privado. Asimismo, ofreció excusas, se comprometió a colaborar con la justicia y a reintegrar 5.063 millones de pesos que fueron apropiados ilegalmente”, indicó la Fiscalía en un comunicado de prensa publicado en la mañana de este jueves 19 de diciembre.
Hasta el momento ha restituido 2.532 millones de pesos, a través de ocho títulos judiciales.
El 50% restante lo cubrirá con dos pagarés por 1.265 millones de pesos que deberá presentar en abril y octubre de 2025. Por ahora, el valor está soportado con un inmueble en el corregimiento San Cristóbal, en Medellín (Antioquia).
Y agregaron que, a raíz de la condena conocida, Tapia seguirá privado de la libertad en un centro carcelario de Barranquilla (Atlántico).
“En octubre de 2020, al enterarse de una licitación pública que abría el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTics) para un contrato de un billón de pesos, con el objeto de dotar de internet a escuelas rurales en varios departamentos de país, Emilio Tapia se concertó con distintas personas para comprar la experiencia de unas empresas y constituir la Unión Temporal Centros Poblados, y así participar en el proceso contractual”, concluyó la Fiscalía.
