El caso de abuso sexual a una mujer de 93 años en Barranquilla, presuntamente perpetrado por su hijo adoptivo, ha generado una ola de indignación y preocupación. La Procuraduría General de la Nación ha intervenido en este grave caso para asegurar que se tomen las medidas necesarias y que se haga justicia en favor de la víctima.
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La Procuraduría ha emitido una alerta sobre este caso, exigiendo a las autoridades que sigan los protocolos establecidos para la atención de casos de violencia sexual. En un comunicado oficial, la entidad solicitó a la Secretaría de Salud que informe sobre la activación de la ruta intersectorial de atención para violencia sexual. Este proceso debe incluir un acompañamiento integral para garantizar que la víctima reciba la protección y asistencia que requiere.
Asimismo, la Procuraduría también ha pedido un informe detallado a la Oficina de la Mujer, Equidad y Género para verificar que se estén cumpliendo las disposiciones legales de la Ley 1257 de 2008, la cual establece mecanismos de protección para las mujeres víctimas de violencia.
La Procuraduría ha destacado que, a través de la Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, se continuará vigilando el cumplimiento de las obligaciones legales. Además, la entidad se compromete a velar por el cumplimiento de las leyes y por la restauración de los derechos de la víctima. En este sentido, se están tomando medidas para que el agresor sea llevado ante la justicia y se garantice la reparación integral para la afectada.
Violencia de género en Colombia
Este caso es solo una de las múltiples situaciones de violencia que afectan a las mujeres en Colombia. La Defensoría del Pueblo reportó un aumento en los casos de violencia de pareja y trata de personas entre enero y septiembre de 2023. Durante este período, se registraron 26.605 casos de violencia de pareja y 33 de trata de personas, lo que representa un incremento del 26% con respecto al año anterior. Además, entre enero y octubre de 2023, se documentaron 745 feminicidios, de los cuales 44 víctimas eran niñas y 11 pertenecían a la población trans, lo que pone en evidencia la grave crisis de violencia de género en el país.
La Procuraduría y las entidades de derechos humanos han señalado que es urgente implementar medidas efectivas para proteger a las víctimas de violencia, en especial a aquellas personas en situaciones vulnerables, como es el caso de las personas mayores. La sociedad y las autoridades deben trabajar de manera conjunta para prevenir estos crímenes y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.
