El Ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha sido sancionado a tres días de arresto por desacatar una orden de la Corte Constitucional de Colombia, que le ordenaba retirar del mercado todos los insecticidas que contienen clorpirifós, un componente potencialmente dañino para la salud humana.
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En su fallo, la Corte Constitucional había establecido que el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) debía suspender de manera inmediata la comercialización de productos agroquímicos con clorpirifós. Además, la Corte le otorgó un plazo de seis meses para que se adoptaran las medidas necesarias para eliminar el uso de este componente, al cual se le ha atribuido un impacto negativo en la salud.
A pesar de esta directriz, la entidad no cumplió con la orden dentro del tiempo límite establecido. Por tal motivo, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bogotá dictó una sanción contra el titular de la cartera de Salud, imponiéndole un arresto de tres días por desacato a la decisión judicial.
Las razones detrás del arresto y las acciones del Ministerio de Salud
Según el fallo, el ministerio no realizó un acompañamiento adecuado al ICA para lograr la suspensión de los productos contaminados con clorpirifós. De hecho, se enviaron comunicaciones a través de los medios electrónicos oficiales, pero los informes presentados no reflejaron esfuerzos suficientes por parte del ministerio para cumplir con lo ordenado.
En este contexto, dos funcionarias de la Defensoría del Pueblo que se encargaron de vigilar el cumplimiento de la sentencia señalaron que sus observaciones indicaban un incumplimiento de la orden por parte del Ministerio de Salud.
La Corte Constitucional y el Juzgado Tercero Penal coincidieron en que la responsabilidad por este incumplimiento recae directamente sobre el Ministro Jaramillo, quien no gestionó de manera adecuada las medidas necesarias para eliminar el clorpirifós del mercado, a pesar de ser el responsable del cumplimiento de la sentencia. De esta forma, la sanción con arresto se impuso como medida para reforzar el respeto por las decisiones judiciales en Colombia.
