Este miércoles 11 de diciembre se espera una jornada decisiva para el destino del escándalo de corrupción que involucra a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). En la audiencia, la juez tercera de Control de Garantías de Bogotá definirá si Sandra Ortiz, exalta consejera presidencial para las Regiones, será enviada a prisión preventiva por su presunta implicación en el caso. La Fiscalía ha solicitado su detención, acusándola de haber participado en la entrega de tres mil millones de pesos en efectivo al entonces presidente del Senado, Iván Name, entre el 12 y 13 de octubre del año pasado.
PUBLICIDAD
Le puede interesar: Empresario que le prestó avión en campaña a Petro ya facturó contratos por más de 350.000 millones
Las acusaciones contra Sandra Ortiz
La Fiscalía ha reunido una serie de pruebas que, según su criterio, serían suficientes para llevar a Sandra Ortiz a juicio. Entre las pruebas se incluyen los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, quienes afirman haber sido testigos de la entrega de grandes sumas de dinero a funcionarios públicos. Además, se dispone de fotos, facturas y registros de rastreo de teléfonos celulares y vehículos blindados utilizados en el transporte del dinero. Estos elementos, según la Fiscalía, confirmarían el papel central de Ortiz en el operativo de entrega de los recursos.
Le puede interesar: Juicio de Nicolás Petro: Fiscalía presentará testimonios de empresarios y políticos contra el hijo del presidente
La exfuncionaria, quien pertenece al partido Alianza Verde, está acusada de los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias. No obstante, la Fiscalía sigue buscando su colaboración para esclarecer completamente los hechos. Las autoridades esperan que Ortiz confiese detalles sobre quién le habría dado la orden para llevar a cabo la entrega del dinero, en particular, sobre el supuesto involucramiento de Carlos Ramón González, entonces director del DAPRE, quien sería el responsable de coordinar las entregas a cambio de favores políticos en el Congreso.
Uno de los elementos clave para la Fiscalía es lograr que Sandra Ortiz coopere con la justicia, lo cual podría ayudar a desenmarañar la red de corrupción y confirmar las versiones dadas por los testigos López y Pinilla. Ambos han afirmado bajo juramento que los fondos entregados habrían sido parte de un acuerdo para que los presidentes del Senado y la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, apoyaran las iniciativas del Gobierno en el Congreso, como la Reforma Tributaria y la reforma a la salud.
Sin embargo, a pesar de las declaraciones de López y Pinilla desde junio, que vinculan a varios exfuncionarios de alto nivel, la Fiscalía ha sido duramente criticada por su aparente falta de acción. A seis meses de estos testimonios, no se ha citado a ninguno de los implicados para que dé su versión. Entre los señalados se encuentran Carlos Ramón González, los exministros Ricardo Bonilla (Hacienda) y Luis Fernando Velasco (Interior), así como el exdirector de la Función Pública, César Manrique.
PUBLICIDAD
El impacto político que ha traído el escándalo
El impacto político de este escándalo no se limita a los actores involucrados directamente. La corrupción en la UNGRD podría tener efectos significativos en el futuro legislativo del Gobierno del presidente Gustavo Petro. En este momento, las reformas clave como la Tributaria y la reforma a la salud se encuentran en una fase crítica y podrían sufrir fuertes contratiempos, especialmente si el escándalo sigue creciendo y afecta la confianza en la administración actual.
El caso de Sandra Ortiz y sus implicaciones podrían ser determinantes para el futuro de las reformas en curso, además de marcar un hito en la lucha contra la corrupción en el Gobierno actual. Con una investigación aún en desarrollo y una situación jurídica pendiente, el desenlace de este proceso tendrá consecuencias tanto a nivel político como judicial.
