El escándalo de corrupción que se destapó en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) tuvo un nuevo capítulo en las oficinas del Ministerio de Hacienda. Ayer se conoció que la Corte Suprema de Justicia adelantó un allanamiento en las instalaciones de esa cartera ministerial.
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Los hechos fueron confirmados por el mismo Ministerio en un comunicado de prensa publicado este miércoles. Para empezar, reconocieron que el pasado martes 10 de diciembre recibieron una inspección que había sido solicitada por la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia. También señalaron que los equipos correspondientes de la cartera ministerial atendieron la visita en sus oficinas.
“Tras la inspección, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público entregó a los delegados los elementos que fueron solicitados por ellos. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público reitera la disponibilidad de atender a todos los entes de control y los requerimientos hechos por parte de sus funcionarios”, concluyó la cartera ministerial en su comunicado.
Más tarde se conoció que las visitas se llevaron a cabo en la antigua oficina de Andrea Ramírez, quien era conocida por ser la asesora que servía de enlace entre el Ministerio de Hacienda y el Congreso.
Pero, ¿por qué la Corte Suprema de Justicia ordenó esta inspección? El Minhacienda ha tenido un rol clave en la investigación sobre los actos de corrupción dentro de la UNGRD. De hecho, la magnitud del escándalo desembocó en la renuncia del ahora exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien salió de su cargo la semana pasada.
Esa dimisión se dio poco después de que Noticias Caracol reveló unos audios de María Alejandra Benavides, una importante exasesora de Bonilla en el Ministerio de Hacienda. Las grabaciones corresponden al testimonio que le dio Benavides a la Fiscalía General de la Nación.
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Según ella, el exministro Bonilla habría estado al tanto de las presuntas irregularidades que venían ocurriendo dentro de la UNGRD. Entre otras cosas, la exasesora del Ministerio de Hacienda mencionó una reunión que sostuvieron Bonilla, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco y un asesor presidencial llamado Jaime Ramírez Cobo.
“Fiscal, en esa reunión se acuerda que quien tiene que empezar a moverse con la Unidad de Gestión del Riesgo es el ministro Velasco, cuando era ministro. Recuerdo que yo me sentaba en esas reuniones, yo no participaba, yo estaba ahí porque el ministro me lo pedía, pero no participaba. Tampoco quería. Pero Bonilla y Velasco hablaron. Y el ministro Bonilla le dijo: ‘Usted tiene que ayudarme, usted tiene que hacer algo también’. El ministro Velasco accedió. Jaime Ramírez Cobo, como enlace de la Presidencia, y como el enlace más alto respecto a todos los otros enlaces del Gobierno Nacional, también tenía que intervenir ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo”, sostuvo Benavides en uno de los audios revelados por Noticias Caracol.
Sandra Ortiz, un eslabón clave
La investigación sobre el destino de estos presuntos sobornos también ha ido avanzando de forma paulatina. De hecho, la exconsejera presidencial para las Regiones Sandra Ortiz ha sido señalada por la Fiscalía de ser uno de los eslabones de la cadena de presunta corrupción.
Se le señala de haber transportado cerca de $3.000 millones con el fin de darle un presunto soborno al entonces presidente del Congreso, el senador Iván Name. En esa supuesta diligencia ilegal también la habría acompañado el exsubdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, uno de los protagonistas del escándalo.
Ayer continuó la audiencia de imposición de medida de aseguramiento contra Ortiz y se conoció que tanto la Fiscalía como la Procuraduría le pidieron a la jueza que la enviara a la cárcel. Hasta el cierre de esta edición, la jueza no había tomado una decisión.
