El Senado de Colombia ha aprobado un proyecto de ley crucial para mitigar los efectos negativos del ruido excesivo en la salud y el bienestar de los ciudadanos. La nueva legislación busca establecer políticas claras para controlar la contaminación acústica en el país, alineando los esfuerzos de diversas entidades gubernamentales para crear un entorno más saludable. Este proyecto, promovido por el representante Daniel Carvalho, fue recibido positivamente por distintos sectores, ante la creciente preocupación sobre los impactos del ruido en la salud pública.
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¿Qué propone la nueva Ley contra el ruido?
La ley establece una serie de medidas que abordan de manera integral la problemática del ruido. Su objetivo principal es definir principios y competencias que faciliten la gestión, reducción y control de la contaminación acústica en el país. Esto incluye el desarrollo de una Política Nacional de Calidad Acústica, con la participación activa de diferentes ministerios y autoridades locales, quienes trabajarán de manera coordinada para implementar soluciones eficaces.
Una de las metas de la ley es promover la cooperación interinstitucional, involucrando tanto al gobierno central como a los gobiernos regionales y locales, el sector privado y la ciudadanía. Además, se fortalecerán las herramientas jurídicas y policiales para garantizar el cumplimiento de las normativas acústicas y resolver conflictos derivados del ruido, los cuales representan el 70% de los problemas de convivencia, según la Policía Nacional.
Uno de los aspectos más relevantes de la ley es la creación de la Política de Calidad Acústica, que busca reducir los niveles de ruido en Colombia. El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible jugará un papel clave en la implementación de esta política. En un plazo de 18 meses, este ministerio deberá establecer indicadores de calidad acústica, crear mapas de ruido, definir procedimientos para medir la contaminación acústica y diseñar programas para reducirla.
Por otro lado, el Ministerio de Salud se encargará de actualizar las normas relacionadas con el ruido, centrándose en los efectos del ruido en la salud pública. Se estudiarán los costos económicos del ruido en el sistema de salud y su impacto en poblaciones vulnerables, como las personas con autismo. Además, se buscarán soluciones para crear entornos acústicamente más saludables para estas personas.
¿Qué niveles de ruido son peligrosos para la salud?
La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido que la exposición continua a niveles de ruido superiores a 65 decibelios (dB) puede tener efectos negativos en la salud, como estrés, insomnio, ansiedad y disminución de la productividad laboral. Para ponerlo en perspectiva, 65 dB es el sonido de un aire acondicionado cercano. Sin embargo, la OMS también señala que niveles superiores a 85 dB, como los encontrados en el tráfico denso o en maquinaria industrial, pueden causar pérdida auditiva permanente si la exposición es prolongada.
Además, los niveles superiores a 100 dB, como los generados por eventos ruidosos o maquinaria pesada, pueden provocar daños auditivos inmediatos. La ley buscará establecer regulaciones claras para mantener los niveles de ruido en límites saludables, especialmente en áreas residenciales.
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La implementación de la Política de Calidad Acústica implicará la colaboración de varios ministerios. El Ministerio de Vivienda se encargará de establecer lineamientos técnicos para garantizar el confort acústico en las edificaciones, mientras que el Ministerio de Defensa y el de Justicia trabajarán en procedimientos para controlar el ruido generado por la convivencia ciudadana.
A nivel territorial, las Corporaciones Autónomas Regionales y otras autoridades ambientales tendrán seis meses para implementar los indicadores de calidad acústica en sus respectivas áreas. Las alcaldías municipales y distritales deberán ajustar sus Planes de Ordenamiento Territorial (POT) para incluir medidas que mejoren la calidad acústica en sus comunidades, con un plazo de 12 meses para su implementación.
