Pasado el mediodía de este jueves 4 de diciembre, la Procuraduría General de la Nación informó que les formuló pliego de cargos a seis miembros de la Policía Nacional que habrían estado involucrados en las interceptaciones ilegales a Marelbys Meza, la exniñera e Laura Sarabia, actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia. También están investigando las presuntas chuzadas a Fabiola Perea y Yhonson Pineda.
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“Se trata de los mayores, John Jairo López Tolosa y Luis Jeffersson Camacho Prada, pertenecientes al Grupo Investigativo contra Estructura Delincuencias Organizadas GREDO, para la época de los hechos; el capitán, Carlos Andrés Correa Loaiza, en su condición de investigador criminal del señalado grupo; el patrullero, Jhon Fredi Morales Cárdenas, entonces investigador criminal asignado al GAO “AGC” del Grupo Investigativo contra Estructuras Delincuenciales Región 6 y a los entonces investigadores de la SIJIN MEBOG, intendente Alfonso Quinchanegua Quinchanegua y la patrullera, Dana Alejandra Canizales Bonilla”, indicó la Procuraduría.
En efecto, después de que el esposo de Laura Sarabia radicó la denuncia por el hurto de 12 millones de pesos, la Procuraduría informó que Alfonso Quinchanegua entregó un informe con fecha del 31 de enero del año pasado. Allí habría pedido la interceptación de comunicaciones a la línea de Marelbys Meza, además de que habría solicitado información sobre otros números de teléfono.
“Al parecer, tras la negativa de la fiscal del caso de ordenar estas interceptaciones, el 2 de febrero de 2023, Quinchanegua y Danna Canizalez habrían falsificado el informe de investigador de campo y la declaración de fuente no formal, para obtener la orden de interceptación de las líneas telefónicas de la mencionada Marelbys Meza, su compañero sentimental Yhonson Pineda Sarmiento y su amiga Lucelia Robles, haciéndolos pasar como alias “Pini” y alias “Pacho”, detalló la Procuraduría.
De acuerdo con el ente de control, los informes habrían “inducido” en un error a la fiscal 101 local de la unidad de hurtos, la cual más tarde ordenó que fueran interceptados los celulares de Meza y Pineda.
“Tras emitirse la respectiva orden, la fiscal fue notificada de que la línea telefónica de Meza ya había sido interceptada en desarrollo de otro proceso seguido contra integrantes del Clan del Golfo, en Chocó. En consecuencia, Quinchanegua Quinchanegua y Canizales Bonilla serían responsables de la interceptación del número telefónico de Pineda Sarmiento, pues la otra línea ya estaba intervenida”, indicó el ente de control.
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Habrían falsificado un informe de campo
La Procuraduría también señaló que un día después de la denuncia que formuló el esposo de Laura Sarabia, el patrullero Morales Cárdenas habría falsificado un informe de campo con destino a otro proceso en el cual él estaba fungiendo como investigador judicial.
Allí, además, señalaba que los números de Meza y Perea eran de alias La Cocinera y alias La Madrina, a quienes supuestamente señalaban de ser miembros del Clan del Golfo.
“Como sustento del informe del patrullero Morales Cárdenas, el 30 de enero de 2023 el capitán Carlos Andrés Correa Loaiza posiblemente falsificó el formato de fuentes no formales según el cual, los números telefónicos de las señoras Meza y Perea correspondían a los alias ya señalados. Para la Procuraduría, con estas conductas Morales Cárdenas y Correa Loaiza posiblemente, de manera fraudulenta, indujeron en error al Fiscal 191 DECOC Quibdó quien ordenó la interceptación de las mencionadas líneas”, anotó la Procuraduría.
A su vez, informaron que le formularon cargos a los dos investigadores porque habrían interceptado a las empleadas domésticas de Sarabia, quien para el momento en el que ocurrieron los hechos era jefa de Gabinete del presidente Petro.
“Por último, el Ministerio Público cuestionó la conducta de los mayores de la Policía López Tolosa y Camacho Prada, quienes no habrían verificado y corroborado que la información obtenida sirviera para las investigaciones del caso ‘no solamente determinando que el o los números telefónicos se encontraran activos, sino también los motivos fundados y que la finalidad de la orden correspondiera a las actividades que se planeaban obtener con la actuación de policía judicial’. La conducta de estos dos oficiales fue calificada provisionalmente como falta grave a título de culpa gravísima mientras que en el caso de los otros cuatro investigados se catalogó temporalmente como gravísima dolosa”, concluyó el ente de control.
