La Corte Suprema de Justicia ha ordenado al presidente Gustavo Petro que entregue su versión sobre los hechos relacionados con el escándalo de la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres). En este contexto, Petro debe aportar una declaración juramentada dentro de la investigación que se adelanta contra varios congresistas, quienes fueron parte de la Comisión de Crédito Público y están implicados en presuntas irregularidades en el manejo de contratos millonarios.
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El magistrado Misael Rodríguez, presidente de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ha indicado que el presidente Petro deberá responder un cuestionario sobre las presuntas irregularidades que involucraron a la UNGRD y tres contratos que iban a beneficiar a varios legisladores de la Comisión de Crédito Público. Estos contratos, que superaban los 92 mil millones de pesos, se planeaban en los departamentos de Córdoba, Arauca y Bolívar, y fueron presentados como una suerte de acuerdo para garantizar el apoyo de los congresistas a proyectos de endeudamiento gestionados en el Congreso.
Según el informe de la Corte, el presidente Petro deberá presentar su versión ante la justicia mediante una declaración juramentada, como lo hicieron otros involucrados en el caso, tales como los excongresistas Iván Name y Andrés Calle. En este proceso, se incluirá un cuestionario que será enviado a los abogados de los congresistas investigados antes de ser entregado al presidente.
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Los congresistas implicados en el escándalo de la UNGRD
El caso afecta a seis congresistas que formaban parte de la Comisión de Crédito Público en el Congreso de la República. Los investigados son Karen Manrique, Wadith Manzur, Liliana Bittar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz Cabrera, quienes habrían sido beneficiados por los contratos en cuestión, según las declaraciones de los exdirectivos de la UNGRD, Olmedo López y Sneyder Pinilla.
Estos exfuncionarios de la UNGRD señalaron que desde el Ministerio de Hacienda, a través del ministro Ricardo Bonilla, se habría presionado para que los contratos se aprobaran a cambio de apoyo político en la Comisión de Crédito Público. En este sentido, se habla de un presunto acuerdo entre los implicados para asegurar la aprobación de los empréstitos.
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La implicación del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla
Un punto clave en la investigación es el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora del Ministerio de Hacienda. En declaraciones reveladas por la revista SEMANA, Benavides relató las presiones que sufría para lograr que la Comisión de Crédito Público aprobara los préstamos solicitados. En uno de los audios filtrados, Benavides relata cómo el ministro Bonilla le decía: “que se le acababa el tiempo y que algo había que hacer”. Según sus palabras, los congresistas le manifestaban que los proyectos no avanzaban, lo que evidenciaría una fuerte presión para lograr el apoyo legislativo necesario.
En este contexto, el presidente Petro ahora se enfrenta a la obligación de explicar su versión sobre los hechos que involucran a su ministro de Hacienda y a varios miembros del Congreso. La declaración que deberá presentar será crucial para determinar el alcance de las presuntas irregularidades y el papel que jugó el gobierno en la gestión de estos contratos.
