La alianza que hicieron Fedegán y el gobierno del presidente Gustavo Petro para impulsar la compra de tierras a ganaderos causó una gran sorpresa en la opinión pública. Y aunque parecía una forma astuta de redistribuir la tierra en Colombia, lo cierto es que no ha tenido los resultados que se esperaban. Así lo mostró un balance que hizo en las últimas horas el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga Pardo.
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En un comunicado de prensa publicado este viernes 29 de diciembre, la Contraloría General de la República reveló los principales hallazgos que hicieron tras ponerle la lupa a este proyecto. De acuerdo con las cifras entregadas por el vicecontralor, solo han conseguido la adquisición de 805 hectáreas, que corresponden al 0,02 % de la meta que se habían trazado inicialmente.
“Las evaluaciones que ha realizado la Contraloría General de la República sobre el Punto 1 del Acuerdo (Reforma Rural Integral) indican que, hasta el primer semestre de 2024, se incorporaron 2,4 millones de hectáreas al Fondo de Tierras, aunque solo se adjudicaron 18.201 hectáreas (2,1%) y se formalizaron 2,47 millones (35% de la meta). Los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) han aprobado 8.883 proyectos por $31,4 billones”, indicó el ente de control en su comunicado.
Así mismo, señalaron que en materia de proyectos productivos realizados desde la implementación del Acuerdo de Paz y la Reforma Rural Integral de 2019, identificaron 236 hallazgos administrativos. 30 de ellos tienen un presunto alcance fiscal que asciende a los $14.777 millones.
“Uno de los principales problemas identificados en el marco de los ejercicios de control fiscal adelantados, es la deficiente gestión de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), que hasta enero de 2024 solo había incorporado 252.113 hectáreas al Fondo de Tierras, apenas el 8,4% de la meta de 3 millones establecida. De estas, solo 5.260 hectáreas (0,17%) fueron adjudicadas a campesinos”, advirtió el ente de control.
Sustitución de cultivos ilícitos también está enredada
La Contraloría también hizo un preocupante balance sobre la implementación del Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de las Farc.
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Entre otras cosas, la Contraloría se refirió a la solución a las drogas ilícitas que también se había contemplado en el Acuerdo de Paz. En este punto, indicaron, que entre 2017 y el primer trimestre de 2024 los recursos ejecutados fueron de $7,1 billones.
“Atendieron principalmente el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos -PNIS- con $479.479 millones de 2024. Teniendo en cuenta el aumento de cultivos ilícitos en el país, es evidente que los recursos destinados al PNIS no cumplen con lo contemplado en el Acuerdo, por lo que se requiere mayor presencia de la fuerza pública y estatal que acompañe estos programas”, anotó el vicecontralor.
También lamentaron el hecho de que se han presentado dificultades en la focalización de la inversión pública hacia sectores como la agricultura, el turismo o la cultura, debido a que se sigue priorizando la seguridad y la defensa debido a la situación de orden público en distintas zonas del país.
En esa medida, el vicecontralor Zuluaga “hizo un llamado a todas las entidades del estado, principalmente a aquellas que tienen dentro de su objeto misional el reto de realizar acciones tendientes a la implementación de este acuerdo, a establecer un proceso de planificación y priorización claro y transparente, en el cual se logren identificar acciones contundentes que permitan maximizar el impacto y los objetivos trazados, así como minimizar los riesgos de rezago e inactividad”.
