La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha vuelto a ser escenario de un intenso debate, esta vez en torno a la solicitud del uribismo para hacer públicos los nombres de las víctimas de los llamados ‘falsos positivos’. La polémica estalló luego de que la JEP, en su investigación del macrocaso 03, revelara la cifra de 6.402 personas inocentes que fueron registradas de manera fraudulenta como bajas en combate. Frente a esto, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, solicitó públicamente la publicación de estos nombres.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, respondió a la presión política asegurando que, aunque existen los nombres y las cédulas de las víctimas, estos solo serán revelados en el marco de los seis autos de imputación que se han emitido hasta ahora, en los cuales se señala a los principales responsables de los crímenes. Ramelli destacó que estos casos implican hechos graves que no deben repetirse y que su institución tiene el compromiso de esclarecer y judicializar a los responsables de estas atrocidades.
“La cifra de 6.402 víctimas es un reflejo de un patrón sistemático de violaciones a los derechos humanos, y es fundamental que se haga justicia para las familias afectadas. Sin embargo, solo publicaremos los nombres de las víctimas dentro de los procesos judiciales en curso”, explicó Ramelli en una reciente declaración.
La respuesta del presidente de la JEP llega luego de que la senadora Cabal insistiera en que los nombres de las víctimas deberían ser dados a conocer públicamente. En su cuenta de X, la congresista expresó: “Magistrado Ramelli. Seguimos esperando que revele los nombres e identificaciones de cada uno de los 6.402. Estoy atenta a la respuesta a mi derecho de petición que se fundamenta en declaraciones suyas donde sostiene que sí existen los nombres de esas presuntas víctimas”. La solicitud de Cabal ha generado un nuevo enfrentamiento entre los sectores políticos, mientras que desde la JEP se mantiene la postura de no revelar los detalles sin el marco judicial adecuado.
Simbólico acto de las madres de Soacha
Esta disputa política también ha estado marcada por un incidente reciente que involucró a Miguel Polo Polo, congresista aliado del Centro Democrático. Polo Polo desechó unas botas de caucho que formaban parte de un acto simbólico realizado por las Madres de Soacha, un colectivo de víctimas de los falsos positivos. Las botas, que se exhibieron en Bogotá, representan a las víctimas que fueron asesinadas y luego disfrazadas como guerrilleros para ser presentadas como bajas en combate.
El acto de Polo Polo fue fuertemente condenado por diversos sectores sociales y políticos, que lo calificaron como un acto de odio y desprecio hacia las víctimas. En respuesta, el congresista Iván Cepeda y varias organizaciones de derechos humanos denunciaron a Polo Polo ante la Corte Suprema y presentaron una queja disciplinaria por el comportamiento inaceptable de desechar las botas, símbolo de la tragedia vivida por las familias de los falsos positivos.
El caso de los falsos positivos sigue siendo uno de los más controvertidos de la justicia transicional en Colombia. La JEP continúa con las investigaciones, pero la petición de publicar los nombres de las víctimas refleja una tensión política en torno al manejo de la memoria histórica y la reparación de las víctimas. La resolución de esta controversia será clave para el futuro del proceso de paz y la reconciliación en Colombia, ya que involucra tanto la justicia por los crímenes cometidos como el derecho de las víctimas a conocer la verdad.
