Desde la llegada del presidente Gustavo Petro a la Casa de Nariño, hace un poco más de dos años, varios sectores marginados del país creyeron que la agenda progresista del presidente lograría avanzar en la protección y garantización de sus derechos, algo que, hasta ahora, no han logrado. Las estadísticas demuestran que varios grupos marginados de la sociedad siguen siendo víctimas de discriminación e inclusive de asesinato a manos de personas intolerantes.
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Un claro ejemplo de esto es lo que ha pasado con la comunidad transgénero del país, quienes han sido blanco de señalamientos, amenazas, perfilamientos y han visto sus derechos humanos violentados en los últimos años. Solamente este 2024 se vio un aumento de casi el 30% en cuanto a violencia en contra de esta población, lo que ha también ha generado la muerte de más de 20 personas trans en el país.
La Defensoría del Pueblo expresa su preocupación por el aumento de hechos de violencia en contra de la población transgénero, de manera particular contra las mujeres trans, quienes son las mayores víctimas en razón de su identidad de género.
A través de las duplas de género en los territorios, entre enero y octubre de este año la Defensoría del Pueblo asesoró y atendió 258 casos de violencias por prejuicio contra mujeres y hombres transgénero y personas no binarias. Esto significa un aumento del 29.6% en comparación con el mismo periodo del 2023, cuando atendió 199 casos.
Esto representa que la Defensoría del Pueblo está llegando a un mayor número de asesorías en el territorio, pero también se evidencia una agudización de la violencia en razón a la identidad de género, sobre todo contra mujeres trans, que son las que más sufren violencias psicológica, física y sexual.
Norte de Santander, Santander, Meta, Valle del Cauca y Antioquia son los departamentos donde ha habido más casos, y de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación, en lo transcurrido de este año han sido asesinadas 26 personas transgénero; es decir, dos de estas personas por mes.
En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Memoria Trans, la Defensoría del Pueblo le hace un llamado al Estado colombiano a brindarle protección a la población transgénero, y al Gobierno nacional, a resolver los problemas jurídicos de permanencia del Ministerio de la Igualdad y Equidad y materializar de manera urgente la expedición y actualización de la Política Pública Nacional LGBTI, ordenada desde el 2011. También le pide que dispongan los recursos económicos y técnicos necesarios para la adecuación institucional y expedición del CONPES-LGBTIQ+, así como su Plan de Acción y de Seguimiento.
La entidad, adicionalmente, pide poner en funcionamiento el ‘Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación a Población LGBTIQ+’, pues contribuirá a blindar la política pública de posibles gobiernos menos garantes de sus derechos.
No es posible que entre los hechos que más vulneran los derechos de la población transgénero esté la violencia institucional. La Defensoría del Pueblo ha atendido 78 casos de barreras de acceso en servicios de salud, 47 en contextos penitenciarios y carcelarios y 41 relacionados con barreras en el acceso a la justicia en lo que va de este año.
Pese a esto, desde la Defensoría del Pueblo, cuya misión es la protección de los derechos humanos en Colombia, reconocen los avances constitucionales, legales y políticos para avanzar en la protección de los derechos de personas LGBTI, pero nota que aún persisten barreras importantes que ponen en grave peligro la vida y los derechos de las personas con orientación sexual e identidad de género diversas en el territorio nacional.
Por consiguiente, el llamado a las entidades estatales es a cualificar a su funcionariado público a través de herramientas jurídicas, conceptuales, protocolos de atención, que lleven a operar de manera efectiva las decisiones derivadas de la jurisprudencia y fortalecer su rol en el acceso y la garantía de derechos, a fin de prevenir la violencia institucional por prejuicio y la revictimización de mujeres y hombres transgénero y personas no binarias, que ven vulnerados sus derechos y acuden en busca de su ayuda y respuestas efectivas.
Finalmente, este llamado de la Defensoría del Pueblo llega en un momento en el que el Ministerio de la Igualdad está en el ojo del huracán por su falta de ejecución presupuestal y pocos resultados en el país. Recordemos que este ministerio, que es liderado por la vicepresidenta Francia Márquez, se creó para proteger, incluir y visibilizar a todas las poblaciones marginadas de la sociedad, como lo son los pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+, pero hasta ahora no han logrado su cometido.
