La Contraloría General de la República emitió una alerta preocupante sobre los riesgos que acechan la seguridad energética de Colombia, destacando cuatro factores clave que podrían provocar una crisis en el abastecimiento de combustibles y afectar gravemente la estabilidad económica del país. En un reciente comunicado dirigido al Ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, el ente de control detalló las posibles consecuencias de una caída en la producción de hidrocarburos y minerales, así como la disminución de ingresos fiscales y el impacto en los servicios públicos esenciales.
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Uno de los principales riesgos mencionados por la Contraloría es la caída en los ingresos del país, especialmente los provenientes de las regalías generadas por la producción y exportación de hidrocarburos y minerales. “Adicionalmente, la disminución de ingresos por concepto de impuestos, generados por las industrias, las cuales ante un eventual desabastecimiento o incremento en los combustibles (Gas, ACPM, Gasolina) terminarían acabando con las empresas”, subrayó el comunicado, advirtiendo que este panorama podría llevar a una paralización en sectores claves de la economía.
Un segundo riesgo crítico está relacionado con la necesidad de destinar recursos públicos para subsidiar el servicio de energía eléctrica y otros servicios públicos, en caso de que se materialice un desabastecimiento de gas y otros combustibles. La Contraloría señala que este escenario “prácticamente ya se está materializando”, mencionando un déficit cercano a los 2.5 billones de pesos debido al impago de estas obligaciones.
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Otro factor de preocupación es la posible reducción de la inversión extranjera directa en el país, derivada de la falta de continuidad en los contratos de exploración y explotación minera y petrolera. La Contraloría advierte que esta situación podría frenar aún más el crecimiento del sector energético, afectando las perspectivas de producción y suministro de combustibles.
En cuanto al impacto social y económico, la entidad de control alerta que, si los ingresos de la Nación continúan disminuyendo, las metas de inversión social no podrán cumplirse, lo que incrementaría el costo de vida de la población colombiana. Esto podría traducirse en un aumento de tarifas de servicios públicos, sumando presión sobre los hogares ya afectados por la crisis económica.
