La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a seis exintegrantes de las FARC por reclutamiento forzado y violencia sexual en contra de menores de edad. Esta imputación incluye a Rodrigo Londoño Echeverry, conocido como Timochenko, y a otros líderes de la guerrilla, quienes ahora son figuras políticas en Colombia. Los demás imputados son Jaime Alberto Parra Rodríguez (alias ‘El Médico’), Milton de Jesús Toncel Redondo (‘Joaquín Gómez’), Pablo Catatumbo Torres, Pastor Lisandro Alape y Julián Gallo Cubillos (‘Antonio Lozada’), todos miembros del último secretariado de la extinta guerrilla.
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Contexto y cargos imputados a exintegrantes de las FARC por la JEP
La JEP argumenta que los crímenes ocurrieron entre 1971 y 2016, alcanzando su punto máximo entre 1996 y 2016. Durante este periodo, más de 18,600 niños, niñas y adolescentes fueron víctimas de reclutamiento forzado, así como de otros crímenes de guerra. Las víctimas sufrieron malos tratos, tortura, homicidio y diversas formas de violencia sexual y reproductiva. A pesar de que las FARC en teoría prohibían el reclutamiento de menores de 15 años, la JEP determinó que esta práctica fue sistemática.
De acuerdo con el tribunal, los exguerrilleros deberán responder por haber permitido violaciones de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Estos líderes, que estaban al tanto de los abusos y no tomaron medidas para prevenirlos o castigarlos, permitieron que estas acciones continuaran impunemente, argumenta la JEP.
Estructura de abuso y patrones macrocriminales
La JEP identificó cinco patrones macrocriminales que los excombatientes implementaron en sus filas, destacando el reclutamiento, malos tratos, torturas, violencias sexuales y reproductivas, y discriminación basada en la orientación sexual o la identidad de género. Los menores de edad, principalmente de comunidades indígenas, fueron sometidos a largas jornadas de entrenamiento y trabajos forzados, y se les imponían estrictas normas disciplinarias.
La JEP señala que estos menores vivían bajo una estricta regulación de todos los aspectos de su vida, como parte de una estrategia para mantener una disciplina férrea en la organización. No se les daba trato diferencial por su edad o situación de vulnerabilidad, sometiéndolos a condiciones extremadamente duras que llevaban incluso a suicidios y homicidios en algunos casos.
Un control absoluto sobre la vida de los menores
Los exintegrantes de las FARC ejercieron un control absoluto sobre la vida de estos menores, quienes no tenían capacidad de escape ni autonomía alguna. La JEP destacó que las condiciones en las filas de la guerrilla despojaron a los niños y niñas de su libertad y futuro. Las decisiones sobre sus vidas estaban completamente controladas por la organización y sus comandantes, anulando cualquier posibilidad de elección.
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Este trato no solo implicaba violencia física y tortura, sino también el condicionamiento de todos los aspectos de su vida y, en muchos casos, de su identidad personal. Los jóvenes eran forzados a participar en combates y otras tareas extremas, lo que generaba un profundo impacto psicológico y físico, además de limitar sus oportunidades de desarrollo.
Procedimiento de imputación y análisis de casos
Para llegar a esta imputación, la JEP revisó 77 informes de organizaciones de víctimas y 8 de entidades estatales. Además, se examinaron 951 acreditaciones de sobrevivientes y de familiares de menores desaparecidos. Estos datos permitieron reconstruir las historias de reclutamiento de 805 menores, de los cuales el 56% eran niños y el 44% niñas. También se acreditó colectivamente a los pueblos indígenas Koreguaje, Hitnu, Bari, Sikuani y Cubeo, que representan a 8,903 personas afectadas.
El tribunal empleó una herramienta llamada Universo Provisional de Hechos, documentando 18,677 víctimas únicas de reclutamiento forzado. La JEP analizó expedientes de la justicia ordinaria, protocolos de necropsia y otros documentos para entender a fondo el alcance de los abusos y los efectos de la violencia en las comunidades.
Impacto de la Violencia Basada en Género
La violencia de género fue otro aspecto importante en esta investigación. Un 24% de las víctimas reportó haber sufrido algún tipo de violencia sexual durante su tiempo en la guerrilla. Entre las víctimas de este grupo, el 91% son mujeres, el 9% son hombres y el 7% indicó tener una orientación sexual o identidad de género diversa. Estos datos reflejan la magnitud de la violencia que la estructura de las FARC impuso a los menores de edad.
Reconciliación y el Cumplimiento del Acuerdo de Paz
Aunque enfrentan estas graves imputaciones, los seis exguerrilleros han cumplido hasta ahora con el Acuerdo de Paz de 2016 y se han presentado ante la JEP para colaborar en el proceso de verdad y reconciliación. La JEP sigue trabajando en la reparación de las víctimas y en la construcción de una justicia transicional en Colombia.
En resumen, este caso resalta la crudeza de los abusos cometidos durante el conflicto armado y la importancia de que estos hechos sean investigados y juzgados a través de la JEP. La imputación de estos seis exintegrantes de las FARC es un paso en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las miles de víctimas que sufrieron los horrores del reclutamiento forzado y otras formas de violencia en el conflicto colombiano.
