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Gobierno descartaría aumento del 10% al salario mínimo para el 2025; ¿sindicatos desilusionados?

Ministro de Hacienda comentó que el Gobierno liderará las mesas de negociación del salario mínimo a partir de diciembre.

El debate sobre el salario mínimo en Colombia para el año 2025 ya ha comenzado a generar controversia. Mientras que los sindicatos y las centrales obreras esperan un incremento sustancial que refleje un ajuste a las condiciones económicas y la inflación, el Gobierno ha dejado claro que el aumento será más moderado. Según el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el incremento no superará el 6,2%, cifra que ya ha sido respaldada por el pronóstico del Banco de la República.

¿Cuánto aumentará el salario mínimo en 2025?

El ministro Bonilla reveló que el Gobierno está trabajando con una proyección cercana al 6,2% para el ajuste del salario mínimo en 2025, lo que es consistente con las estimaciones del Banco de la República. En su intervención durante el Congreso de Asofiduciarias, Bonilla explicó que, con base en la inflación proyectada para fin de año (5,2%), el ajuste previsto sería en línea con el tradicional “IPC más uno”, una fórmula comúnmente utilizada en Colombia para calcular el aumento del salario mínimo.

“Eso significaría que si se sigue la tradición colombiana, es que el ajuste de IPC más uno, tendríamos un 6,2 %, y si hay algún ajuste mayor, nunca podría estar en un nivel de dos dígitos”, afirmó Bonilla. Esta declaración deja en claro que, pese a las demandas de los sindicatos, el aumento no alcanzará los dos dígitos que esperaban algunos sectores laborales.

La complicada situación fiscal del Gobierno

El aumento moderado del salario mínimo está estrechamente relacionado con la delicada situación fiscal que atraviesa el país. En medio de un esfuerzo por reducir el déficit fiscal, el Gobierno ha iniciado un proceso de recortes presupuestarios significativos, buscando ahorrar hasta 33 billones de pesos. Además, se encuentra en la necesidad de destinar entre 700.000 millones y 1,2 billones de pesos para atender la emergencia en Chocó, afectado por fuertes lluvias y desastres naturales.

Bonilla señaló que estos recursos serán canalizados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), ya que es la única entidad capaz de ejecutar el presupuesto sin necesidad de licitaciones. Esto demuestra la presión económica que enfrenta el Gobierno y la necesidad de priorizar la atención a las emergencias por encima de otros gastos.

La difícil negociación del salario mínimo y los retos fiscales

El ministro de Hacienda también comentó que el Gobierno liderará las mesas de negociación del salario mínimo a partir de diciembre. Aunque Bonilla no participará directamente en las negociaciones, su posición es crucial, ya que el Gobierno debe asumir el pago del salario mínimo para los empleados públicos. A pesar de las expectativas de un aumento mayor por parte de los sindicatos, el Gobierno mantiene su postura cauta, dada la situación fiscal y la necesidad de asegurar recursos para otros frentes urgentes.

“Tenemos que buscar un balance entre la necesidad de incrementar el salario y la realidad fiscal del país. En este momento, debemos ser responsables con los recursos que destinamos, no solo para el salario de los trabajadores, sino también para atender las emergencias sociales y ambientales que enfrentamos”, destacó Bonilla.

Implicaciones políticas y sociales de la decisión

La postura del Gobierno frente al salario mínimo ha generado desilusión en varios sectores sociales, especialmente entre los sindicatos, que esperaban una compensación más significativa por los altos niveles de inflación y las dificultades económicas que atraviesan los trabajadores. La promesa de un aumento cercano al 6% podría verse como insuficiente para muchos, dado el costo de vida y las expectativas de un ajuste más agresivo.

Además, la situación política del ministro Bonilla, quien se ha visto involucrado en el escándalo de los carrotanques y está en medio de investigaciones, ha complicado aún más la percepción pública sobre la gestión del Gobierno en temas económicos. Esto ha generado desconfianza en algunos sectores respecto a la eficacia de las decisiones fiscales y económicas del actual equipo gubernamental.

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