La Procuraduría General de la Nación ha tomado una decisión en primera instancia que afecta de manera significativa al exministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán. En un fallo emitido recientemente, el órgano de control determinó su destitución del cargo y su inhabilitación para ocupar funciones públicas por un periodo de 10 años. La sanción fue impuesta debido a una conducta considerada gravísima, relacionada con el manejo de una licitación pública para la fabricación y emisión de pasaportes.
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La Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento concluyó que Leyva Durán actuó de manera indebida al declarar desierta la licitación, decisión que, según el fallo, no respetó los principios fundamentales de la contratación estatal. Según la Procuraduría, el exministro no justificó adecuadamente su determinación y, en su lugar, violó normas claves de transparencia y objetividad al no permitir que un solo oferente cumpliera con los requisitos establecidos.
El Ministerio Público encontró que la licitación había contado con la participación de un único proveedor, el cual cumplía con todos los criterios establecidos en los pliegos de condiciones. A pesar de esto, Leyva Durán procedió a anular el proceso sin una justificación legalmente válida, lo que llevó a la acusación de una falta grave en su manejo de la contratación pública.
En este contexto, la Procuraduría afirmó que la actuación del exministro constituyó una infracción grave a los principios de transparencia, economía y responsabilidad que rigen las contrataciones del Estado, catalogándola como una acción realizada con dolo. No obstante, el exfuncionario fue absuelto de la acusación relacionada con la declaración de urgencia manifiesta, que se produjo en relación con la fallida licitación y su posterior intento de realizar el contrato mediante contratación directa.
El fallo, aunque definitivo en términos de la destitución e inhabilitación, aún puede ser apelado ante la Procuradora General de la Nación. De esta manera, el proceso judicial continúa abierto para evaluar posibles impugnaciones por parte del exministro Leyva Durán.