En una segunda fase investigativa por el entramado de corrupción que direccionó la contratación en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Fiscalía General de la Nación recaudó nuevos elementos materiales probatorios, evidencia física e información que dan cuenta de la posible participación del exdirector de la entidad, Olmedo de Jesús López Martínez; y del exsubdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, en otras actuaciones ilícitas.
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En ese sentido, un fiscal especializado de apoyo, adscrito a la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, presentó a los dos exfuncionarios ante un juez de control de garantías de Bogotá, y les imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación en favor de terceros agravado, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
Los cargos que ahora se les atribuyen están relacionados con los siguientes eventos:
Inicialmente, los exfuncionarios de la UNGRD direccionaron dos órdenes de proveeduría, por valor de 574 millones y 4.333 millones de pesos, respectivamente, que tenían por objeto la compra de tanques plásticos de 5.000 litros para el almacenamiento de agua en comunidades de La Guajira. La empresa favorecida habría sido referenciada por un funcionario público y otro servidor de la UNGRD.
De otra parte, la Fiscalía atribuyó a los dos exdirectivos la apropiación ilícita en favor de terceros de más 12.065 millones de pesos y la falsificación de documentación pública y privada, con relación a una orden de proveeduría que contempló la adquisición de 40 carrotanques, la cual fue celebrada con la corporación mixta integral Yapurutú.
Finalmente, entre julio de 2023 y marzo de 2024, los exfuncionarios se interesaron indebidamente en la celebración de 53 órdenes de proveeduría por más de 10.106 millones de pesos con una empresa representada legalmente por una familiar de la esposa de Sneyder Augusto Pinilla Álvarez. De esta manera, se confió a una allegada las interventorías de suministro de carrotanques para el abastecimiento de agua potable, de maquinaria amarilla y de volquetas para la atención de emergencias en diferentes regiones del país.
Por este evento, los hoy imputados habrían solicitado una dádiva que ascendió al 10% del valor de cada contrato.
