Esta historia fue elaborada en el marco del proyecto “Financiamiento climático” de Climate Tracker con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll Bogotá.
En Leticia, capital del departamento del Amazonas en Colombia, entre los meses de septiembre y octubre el pueblo indígena Uitoto celebra ceremonias de armonización pidiendo la llegada de la lluvia. El río Amazonas está seco y hace mucho calor. Allí vive María Flor Zafirekudo Atama, quien lidera una agrupación artística de danza indígena llamada KA+ KOMUIYA UAI que fomenta la preservación cultural de su comunidad. La situación climática es alarmante. “Nosotros ya estamos viendo las consecuencias del calentamiento. No está lloviendo, el río está seco, los árboles se están cayendo y sentimos mucho calor”, expresa con preocupación Flor.
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Estas comunidades en el Amazonas colombiano, en su mayoría lideradas por mujeres, requieren acceso directo a recursos de fondos internacionales para su sostenibilidad, el fortalecimiento de sus sistemas de gobernanza y la mitigación de los efectos del cambio climático. Esto se vuelve crucial ante la situación del Amazonas, donde su principal río se está secando. De hecho, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) de Colombia reportó en septiembre de 2024 una reducción histórica de los caudales del río Amazonas,
María Flor Zafirekudo Atama también trabaja todos los días en su chagra –espacio de cultivo–, y se considera una guardiana voluntaria y sin ningún tipo de recursos, que cuida con su comunidad una zona rural del departamento del Amazonas. “Los recursos llegan al Estado colombiano y nosotros no sabemos, no conocemos sobre eso. Vivimos con nuestra forma de vida, pero de recursos, de programas, de proyectos, es difícil que lleguen porque todo eso queda arriba. Nosotros no presentamos proyectos porque nos falta prepararnos para esa parte, para que esos dineros realmente lleguen a las personas que están cuidando la selva”, sostiene.
Flor no conoce los fondos como el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), el Fondo Verde por el Clima (FVC) o el Fondo de Adaptación, que provienen de países donantes y se destinan a países en desarrollo y economías en transición para cumplir con acuerdos ambientales internacionales. “Claramente pedimos que estos programas y fondos lleguen a nosotros porque a los municipios llegan, pero nosotros no sabemos.”, recalca la lideresa.
El calentamiento global ha hecho que la vida de Flor como “chagrera”, o trabajadora de la tierra, sea cada vez más difícil. La intensidad del calor es tal que, según relata, ya no puede trabajar en la chagra durante las horas que solía hacerlo. “Ya no puedo trabajar hasta las dos de la tarde como antes. Desde las siete de la mañana ya hace un calor altísimo”, dice con resignación.
En la actualidad, Flor está preocupada porque tiene cinco hijos con quienes vive en Leticia y sueña con sacarlos adelante. Quiere que estudien y puedan aprender a formular proyectos para que su comunidad acceda a estos fondos. “Queremos que nos ayuden a elaborar programas para nosotros poder seguir cuidando este territorio tan hermoso, volviéndolo a sembrar, volviendo a recuperar estos árboles porque están tumbando árboles que han tardado en crecer muchos años y hay que recuperarlos”, evoca.
Guaviare, mujeres aisladas y una comunicación rota
En el departamento del Guaviare, Olga Lucía Papurí es una lideresa indígena y coordinadora departamental de la Oficina de la Mujer Indígena. Perteneciente al pueblo Siriano, vive en el resguardo de Puerto Monforth, en el municipio de Miraflores. Su comunidad alberga a pueblos como los Cubeos, Guananos, Yurití y Piratapuyo. Según Olga, los proyectos destinados de financiamiento para la mujer en su comunidad llegan a través de convocatorias, gestionadas directamente desde la Vicepresidencia, pero los fondos internacionales no llegan a las mujeres lideresas de su región.”Deseamos que todas las voces de las mujeres indígenas en Guaviare y Amazonía colombiana sean escuchadas a nivel nacional e internacional”, subraya.
Olga señala que existe una necesidad urgente de fomentar más diálogo y cooperación. La organización nacional de pueblos indígenas de la Amazonía colombiana está en constante lucha para que los proyectos internacionales, como los fondos verdes internacionales, lleguen a sus comunidades. La lideresa manifiesta que a través de la Mesa Permanente de Concertación (MPC), creada en 1996 como resultado de la movilización indígena, se han conseguido ciertos logros, como la formalización de la Mesa mediante el Decreto 329 de 2015.
Este decreto destaca la importancia de establecer este espacio de diálogo para los pueblos indígenas originarios del Guaviare, pero la batalla continúa. “Necesitamos más capacitaciones, pero los requisitos son abrumadores, y en los resguardos indígenas, donde trabajamos en comunidad, no manejamos asociaciones como en el casco urbano, lo que dificulta nuestro acceso a estos recursos”, explica.
El rol de Olga como coordinadora departamental implica llevar las necesidades y dificultades de su comunidad a distintos espacios de toma de decisiones. Entre las principales preocupaciones están las dificultades que enfrentan los niños y jóvenes del pueblo Nukak. “Estamos luchando para ser escuchadas como mujeres indígenas del Guaviare, queremos que los recursos lleguen a nuestras comunidades y que nos apoyen en los esfuerzos por preservar la Amazonía”, señala.
El departamento cuenta con 28 resguardos legalmente constituidos, pero la dispersión geográfica y el difícil acceso a las zonas más alejadas complican el trabajo de Olga. Los costos de traslado, alimentación y otras necesidades hacen que llegar a esos territorios sea un reto constante. Además, la falta de presupuesto es un obstáculo recurrente, según indican las autoridades locales. “Nos dicen que todo puede ser virtual, pero la conectividad en estas zonas es inexistente o muy mala”, enfatiza.
Además de su labor como coordinadora, Olga es madre de cuatro hijos y tiene cinco hermanos. Vive con su padre, quien es una persona mayor, y enfrenta diariamente las dificultades de mantener su labor como lideresa. Uno de sus principales pedidos es que se preste atención a la deforestación en la región de San José del Guaviare, donde la destrucción de los bosques es alarmante. “Necesitamos comenzar a sembrar nuevamente nuestros árboles y evitar las quemas que se están presentando de nuevo. Estamos en una situación crítica y necesitamos apoyo para reforestar”, explica Olga.
Derribando barreras
Rosa Cecilia Durán, gobernadora del resguardo Tierra Alta del pueblo indígena Curripaco, en Puerto Inírida, Guainía, ha encontrado maneras de superar los obstáculos burocráticos y aprovechar los recursos disponibles. Trabaja con 50 mujeres de cinco comunidades para reforestar con árbol cenizo (Piptocoma discolor), fuente clave de materia prima para la cerámica, su principal actividad. Presentaron su propuesta a la convocatoria ‘Mujeres cuidadoras de la Amazonía’, impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Ministerio de Ambiente. Su proyecto fue seleccionado entre los 69 ganadores. Con los 80 millones de pesos obtenidos (más de 22.000 dólares), comenzaron la siembra de 500 plántulas en la comunidad indígena Paloma, ubicada a orillas del río Inírida.
Otro de los proyectos que Rosa lidera se desarrolla en colaboración con Corazón de Amazonía, una iniciativa que trabaja en coordinación con el Banco Mundial y la Financiación del Fondo Mundial para el Medio Ambiente (FMAM). Este proyecto se centra en la preservación del corredor biológico entre los Andes y la Amazonía, un área crucial para la biodiversidad y el equilibrio ambiental. Según Rosa, el dinero destinado a estos proyectos llega a través de implementadores, quienes se encargan de distribuir los fondos a las comunidades beneficiarias. Sin embargo, para acceder a estos recursos, las comunidades deben presentar propuestas bien estructuradas.
“La barrera es administrativa”, explica Rosa. Cada implementador tiene sus propios programas y procedimientos para que las organizaciones puedan presentar sus propuestas. “Los fondos están distribuidos por país y por líneas estratégicas. En estas cuatro líneas hay posibilidad de acceso si se tiene una buena formulación, porque todo ya está diseñado, es solo cuestión de saber cómo montar los proyectos y dónde llevarlos”, detalla la lideresa.
Rosa, quien conoce a fondo los recovecos burocráticos, ha logrado acceder a fondos que han permitido a su comunidad proteger la selva amazónica. Para ella, es un proceso que, con el conocimiento adecuado, resulta bastante accesible. “Es fácil. Los fondos siempre están llegando”, afirma.
El liderazgo de mujeres indígenas en Putumayo
Silvia Jamioy es una lideresa indígena que ha dedicado los últimos cinco años a la preservación de la memoria y la cultura del pueblo Kamëntsá en Sibundoy, Putumayo. Como miembro del Colectivo Ayents, integrado por mujeres indígenas, trabajan para asegurar la continuidad de las tradiciones ancestrales, propiciando espacios de enseñanza de lengua materna y los saberes tradicionales.
“Nos dimos cuenta que los jóvenes y niños son la población que menos habla la lengua Kamëntsá”, comenta Silvia al explicar cómo nació la iniciativa de abrir un espacio de aprendizaje para revitalizar el idioma. A través del Centro Curatorial Tsebionan, que mantiene abierto desde el año pasado, se ofrecen clases para jóvenes, adultos, familias y niños. “El aprendizaje de la lengua materna es esencial para mantener nuestra identidad como pueblo”, añade.
Este esfuerzo no se limita al lenguaje. Silvia y las demás integrantes del colectivo Ayents también impulsan la enseñanza del tejido tradicional, uno de los pilares culturales del pueblo Kamëntsá. Para ello, cuentan con el apoyo de dos sabedores colaboradores que, voluntariamente, transmiten sus conocimientos cada fin de semana. “Nuestro objetivo es que este espacio de aprendizaje sea permanente y accesible para todos”, destaca Silvia, subrayando que no cobran por ninguna de estas actividades.
Uno de los grandes retos ha sido la gestión de recursos para mantener estas iniciativas. “El proceso del colectivo ha sido posible gracias a personas externas que nos apoyan y confían en nosotras”, sostiene. A pesar de no manejar los fondos directamente, el colectivo se vio beneficiado con un reconocimiento otorgado por el Ministerio de Cultura. Este apoyo económico ha permitido fortalecer los espacios de aprendizaje del centro Curatorial Tsebionan y adquirir materiales necesarios para continuar con sus actividades. “Siempre buscamos que los recursos se inviertan de manera responsable y con conciencia ambiental”, afirma.
Sin embargo, Silvia señala que hay una desconexión entre los fondos internacionales y las mujeres indígenas que trabajan en la protección de la selva. “Esos fondos no están llegando a las personas que realmente los necesitan”, lamenta. A menudo, la información sobre estos recursos no se comparte adecuadamente, lo que dificulta el acceso a quienes podrían beneficiarse.
A pesar de las barreras, Silvia y el colectivo siguen adelante. Este año, presentaron una propuesta al fondo Guardianes de la Tierra de Cultural Survival, centrada en el fortalecimiento de las lenguas originarias. La propuesta fue aprobada, y ahora están enfocados en crear un semillero familiar para enseñar la lengua Kamëntsá a los niños. “Queremos que los niños aprendan la lengua a través del hacer, mediante la gastronomía, el tejido, las salidas al territorio y otros saberes”, explica.
Para Silvia, lo más importante es que los proyectos tengan un proceso claro y que comiencen antes de recibir recursos. “Los procesos deben iniciarse sin depender de los recursos. Solo así podemos demostrar que realmente hay una necesidad y un compromiso a largo plazo”, reflexiona.
“A tocar puertas”
Natalia Daza hace parte de las redes de observadores de pueblos indígenas y comunidades locales del Fondo Verde del Clima. Natalia destaca tres principales barreras que dificultan el acceso de las mujeres indígenas a los fondos climáticos. La primera es el proceso de acreditación, que requiere cumplir con exigencias administrativas y burocráticas no adaptadas a las realidades de las comunidades indígenas. La segunda es la falta de información sobre los proyectos, ya que los fondos no garantizan consultas previas ni mecanismos de reparación. La tercera es la falta de representación en los espacios de toma de decisiones, donde las comunidades indígenas suelen estar ausentes. Natalia también menciona la apropiación de los fondos por parte de los gobiernos, que no siempre reflejan las necesidades indígenas.
Para que las mujeres indígenas puedan organizarse y acceder a estos fondos, Natalia recomienda acercarse a las autoridades locales y a los puntos focales del gobierno encargados del Fondo Verde del Clima. En Colombia, el punto focal es el Departamento Nacional de Planeación (DNP). “El primer paso es acercarse a estas personas y mostrar su intención de acceder a los fondos. Aunque el proceso es dispendioso y puede durar años, tocar la puerta de forma reiterada puede llevar a algún lado. Todas vamos a tocar la puerta hasta que nos la abran, hasta que digan, ‘sí’”, enfatizó.
Barreras adicionales y recomendaciones
Alejandra López, directora de Diplomacia Climática del centro de pensamiento Transforma y experta en finanzas climáticas en México, señala que muchas comunidades indígenas enfrentan falta de información efectiva sobre los fondos internacionales. Las autoridades nacionales suelen ser las que presentan las propuestas, lo que limita el acceso directo de las comunidades. López explica: “Ellos deciden qué proyectos financiar, lo que puede limitar el acceso directo a las comunidades”. Además destaca que los proyectos deben demostrar impacto ambiental y social claro, lo que es un desafío para las comunidades que carecen de apoyo técnico. Recomienda que las mujeres indígenas se organicen colectivamente y formulen proyectos más amplios y replicables.
Alejandra también resalta la importancia de estar atentas a las convocatorias de los cabildos locales y destaca casos exitosos de mujeres indígenas que han logrado financiamiento para proyectos de conservación. “Si las convocatorias llegan a través del cabildo, deben ir y preguntar qué está pasando. Es importante estar presentes y participar activamente”, sugiere.
Andrea Prieto, geógrafa y coordinadora de Justicia Climática de la Asociación Ambiente y Sociedad, menciona que los principales obstáculos incluyen el acceso limitado a la información, la exclusión en la toma de decisiones y las barreras administrativas. Prieto señala que para cerrar las brechas es esencial hacer más accesibles y transparentes los procesos de asignación de recursos, además de descentralizar los fondos para permitir un acceso a nivel territorial.
También sugiere fortalecer y capacitar a las organizaciones locales para que gestionen y reporten adecuadamente el uso de los fondos. Aunque hay iniciativas en marcha, como políticas exclusivas para mujeres del Fondo Verde del Clima y la Estrategia Nacional de Financiamiento Climático, la geógrafa advierte que estos esfuerzos aún carecen de acciones concretas e indicadores específicos.
Financiamiento transformador
Sandra Guzmán, fundadora y coordinadora del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC), critica que la arquitectura internacional del cambio climático no ha comprendido las necesidades de los países ni de los actores locales.
Aunque la influencia de estos grupos ha crecido, el acceso directo a fondos sigue siendo limitado, y mecanismos como el Fondo Verde del Clima aún no han cerrado esta brecha, sostiene Sandra. Además, subraya la necesidad de reconocer el liderazgo de las mujeres en la protección ambiental, cambiando la narrativa patriarcal dominante. Para ello, propone que las instituciones financieras movilicen más financiamiento a nivel territorial, ya que las mujeres tienen una visión más comunitaria y transformadora.
“Deberíamos hablar de las protectoras de la naturaleza, de las protectoras de los bosques, donde las mujeres juegan un papel crucial, pero no se reconoce su liderazgo ni en sus comunidades ni en los acuerdos climáticos”, concluye.
