La defensa de la naturaleza, los territorios y las comunidades que habitan en ellos se ha convertido en una causa de riesgo para los activistas ambientales y líderes étnicos en Colombia, según un análisis del proyecto de Verifico de Verdad Abierta. A menudo, estas personas enfrentan señalamientos de empresas, políticos y grupos armados que buscan deslegitimar su labor en contextos marcados por amenazas, desplazamientos forzados y, en muchos casos, asesinatos.
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Desde hace dos años, Colombia encabeza el ranking global de países con el mayor número de defensores de la tierra y el medioambiente asesinados, según el reporte anual de la organización Global Witness. En el último año, se registraron 79 asesinatos de personas dedicadas a la defensa ambiental, cifra que coloca al país por encima de Brasil y Honduras, con 25 y 18 víctimas, respectivamente. Además, en 2022, el número también fue alarmante: 60 defensores colombianos fueron asesinados, lo que evidencia un nivel de violencia sostenido y dirigido contra quienes protegen el medioambiente.
El impacto de esta violencia es especialmente grave en las comunidades étnicas. Entre enero de 2016 y septiembre de 2024, la oficina de Derechos Humanos de la ONU verificó el asesinato de 248 defensores ambientales en Colombia. De ellos, el 89% eran personas indígenas, afrodescendientes y campesinas, quienes viven en territorios de alta biodiversidad y luchan por proteger sus recursos naturales, sus formas de vida y su cultura. En detalle, 139 de las víctimas eran indígenas, 18 afrodescendientes y 64 campesinas. Este fenómeno se concentra en departamentos como Cauca (76 asesinatos, el 31% del total), Chocó (23 casos, 9%), Nariño (21 casos, 8%) y Valle del Cauca (18 casos, 7%).
Estudio analiza cómo los defensores ambientales en Colombia enfrentan estigmas por su posición frente a proyectos de desarrollo
Esta violencia está vinculada a dinámicas de conflicto armado en varias regiones del país y al abandono estatal de ciertas áreas. Además, los defensores del medioambiente sufren estigmatización de parte de quienes los consideran opositores al desarrollo económico. Ante esto, la ONU Derechos Humanos hizo un llamado claro a las autoridades nacionales y locales para abstenerse de promover estigmatización, recomendando la creación de campañas informativas que valoren y reconozcan la labor de los defensores.
Desde junio de 2023, una plataforma de verificación de información se dedica a analizar mensajes de desinformación y estigmatización contra defensores de derechos humanos. Hasta el momento, ha revisado 70 mensajes de este tipo, de los cuales 41 están dirigidos a sectores defensores del medioambiente y los territorios de comunidades étnicas. Las comunidades indígenas son las más afectadas, con 30 casos de estigmatización por políticos, periodistas y medios de comunicación que las acusan de acaparar tierras y de tener vínculos con el conflicto armado.
Otro sector afectado son las comunidades afrodescendientes. Un ejemplo reciente es la movilización para exigir la implementación adecuada de la Ley 70, que regula la conformación de consejos comunitarios afrocolombianos. Algunos miembros del gobierno han hecho declaraciones que refuerzan esta estigmatización, como el presidente Gustavo Petro y el director de Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, quienes mencionaron en un acto público que los defensores ambientales se oponen al progreso y, en algunos casos, sugirieron que colaboran con grupos armados ilegales.
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Oponerse a proyectos mineros o petroleros también ha generado conflictos. En las regiones Nordeste y Suroeste de Antioquia, por ejemplo, se registraron cuatro casos de acoso en redes sociales contra quienes se oponen a la minería a gran escala. Esto incluye ataques contra campesinos, activistas y líderes comunitarios que buscan proteger sus territorios de las explotaciones.
Las acusaciones no se limitan a conflictos locales. En un caso de manifestación en la sede de la empresa Emerald Energy en San Vicente del Caguán, una protesta escaló hasta el punto de causar la muerte de un manifestante y un agente del Escuadrón Móvil Antidisturbios de la Policía. La senadora María Fernanda Cabal y el exministro Juan Camilo Restrepo calificaron el incidente de “toma guerrillera” y “secuestro”, respectivamente, lo que agudizó la percepción pública contra los manifestantes.
Además de amenazas físicas, los defensores ambientales enfrentan ataques en redes sociales y plataformas digitales, donde son constantemente señalados y estigmatizados. Óscar Sampayo, de la Corporación Regional Yariguíes, que trabaja en el Magdalena Medio, cuenta que “en Colombia, defender la naturaleza genera riesgos” y agrega que han sido etiquetados como “obstáculo del desarrollo”.
Aída Quilcué, senadora y lideresa indígena del Cauca, sostiene que para los pueblos indígenas la naturaleza es un ser viviente que merece respeto y cuidado. Quilcué explica que, contrariamente a las acusaciones, la biodiversidad que hoy disfruta el país se ha mantenido gracias al respeto de las comunidades indígenas por la naturaleza.
El proyecto Quebradona en el Suroeste de Antioquia, liderado por la minera sudafricana AngloGold Ashanti, ha sido motivo de conflicto con las comunidades de Jericó. A pesar de que el proyecto se enfoca en la extracción de cobre y otros minerales, los habitantes defienden el uso agrícola y ecológico del territorio. La minera ha promovido campañas en redes sociales y en medios locales, algunas de las cuales apuntan a deslegitimar la labor de los defensores del territorio, acusándolos de tener nexos con grupos armados como el ELN.
La propaganda minera, apoyada por bots y cuentas en redes sociales, ha intensificado la estigmatización contra campesinos, estudiantes, activistas y otros líderes de Jericó, acusándolos de frenar el desarrollo. Fernando Jaramillo, coordinador de la Mesa Ambiental de Jericó, señala que los mensajes provienen de personas que reciben beneficios económicos de la minera y utilizan sus redes sociales para estigmatizar la resistencia al proyecto.
Finalmente, la judicialización de defensores ambientales se ha convertido en otra herramienta de presión. AngloGold Ashanti ha interpuesto querellas contra campesinos y líderes que protestaron por la instalación de plataformas mineras en sus tierras. En un caso reciente, 45 personas, incluidos menores y ancianos, fueron querelladas por protestar pacíficamente.
En conclusión, el impacto de la estigmatización es profundo. Astrid Torres, coordinadora del Programa Somos Defensores, advierte que los discursos de estigmatización afectan directamente a los líderes, sus familias y su rol en las comunidades, poniendo en riesgo su credibilidad y los proyectos que lideran. Según Sampayo, estas prácticas no sólo buscan intimidar a los líderes sino también dividir a las comunidades, generando una narrativa que muestra a los defensores como opositores al desarrollo, en regiones que necesitan protección ambiental urgente.
