Desde hace varios días gran parte del territorio colombiano ha estado inmerso en protestas campesinas, principalmente impulsado por los habitantes de los páramos de Colombia. Las protestas se basan principalmente en que varios páramos del país aún no han sido delimitados porque el Gobierno no ha querido concertar con las comunidades con respecto a lo que esa delimitación significa para las familias que habitan dentro de estos ecosistemas.
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Colombia es el país con más páramos del mundo, con 37, y para varios expertos son el ecosistema más importante del país, debido a que allí nacen los ríos de la nación y es el único lugar del mundo en el que los frailejones pueden crecer. Estas plantas son consideradas como fábricas de agua, ya que son capaces de absorber la humedad del ambiente y convertirla en agua líquida, creando así los ríos de Colombia. Por esto es clave su protección y cuidado.
La delimitación de los páramos inició en el Gobierno de Iván Duque, como estrategia para que el Estado y las comunidades que viven dentro y alrededor de los páramos sepan qué pueden y qué no pueden hacer. Esto con el fin de evitar proyectos de minería extensiva como la que pretendían realizar en Santurbán o la que varias veces han intentado hacer en el páramo del Almorzadero, ubicado en los departamentos de Boyacá, Santander y Norte de Santander.
Actualmente, 30 de los 37 páramos de Colombia están delimitados, pero sorprende que varios de los más importantes no han sido delimitados, principalmente por choques entre las comunidades y el Gobierno. La principal disputa va encaminada a que el propio presidente Petro asegura que en los páramos no debería vivir ni siquiera una persona, pero en varios páramos del país, como el del Almorzadero o el de Berlín, desde hace más de 50 años familias enteras viven al interior de estos y se dedican al cuidado del ecosistema y de sus familias por medio del pastoreo de cabras, el cultivo natural de truchas y la siembra en monocultivos de papa.
Las protestas surgen porque el Gobierno pretende delimitar que por encima de los 2.500 metros sobre el nivel del mar no se permita ningún tipo de producción agrícola, ganadera, avícola o que tenga afectación directa con el ecosistema, incluyendo la vida de las personas. Esto es problemático porque, por ejemplo, el municipio de Concepción, en el departamento de Santander, está ubicado a esa altura, por lo que todas las actividades antes mencionadas estarían prohibidas, según lo que desea imponer el Gobierno.
Además, en marzo de este año, cuando el presidente estuvo en esa región del país, tuvo un encontronazo con los parameros del páramo del Almorzadero, que terminó generando que las negociaciones con la comunidad pararan, precisamente porque el Gobierno no es consciente de la afectación que esa decisión tendría. Ante esto, desde la Defensoría del Pueblo le piden al Gobierno retomar las negociaciones, ya que las protestas han detenido el tráfico por corredores importantes como la vía Bucaramanga - Cúcuta.
La Defensoría del Pueblo acompañaría las manifestaciones
“En los últimos días y en las últimas semanas hemos estado en interlocución con los líderes y lideresas del sector minero en el Bajo Cauca, el sur de Córdoba y el nordeste antioqueño, así como con los líderes y lideresas de los páramos de Santander, Boyacá y Norte de Santander, quienes consideran que sus solicitudes no han sido resueltas por parte del gobierno”, aseguró Iris Marín Ortiz, la defensora Nacional del Pueblo.
Finalmente, el Gobierno Nacional ha manifestado a la Defensoría su plena disposición de continuar dialogando de inmediato y llegar a acuerdos que eviten la necesidad de llevar a cabo la movilización. En este sentido, la Defensoría del Pueblo reitera su voluntad de actuar como mediadora en este proceso, promoviendo una solución pronta y equitativa para todos los sectores.
Además, en caso de que el paro inicie, como ha sido anunciado, la Defensoría del Pueblo acompañará las movilizaciones para garantizar el respeto por los derechos humanos de quienes participan en ellas como protestantes y del resto de la ciudadanía, e insistirá en la necesidad de instalar una mesa de diálogo que permita resolver los conflictos lo antes posible.
