La Contraloría General de la República, emitió un fallo fiscal contra los integrantes de la Unión Temporal Centros Poblados, por las irregularidades en el contrato que tenía como objetivo, llevar internet en zonas apartadas del país en el año 2020. Esto durante el gobierno del expresidente Iván Duque.
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De acuerdo a lo informado por la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la entidad, se le debe entregar al Estado colombiano la suma de $87.027 millones.
Es importante recordar que el contrato 1043 de 2020, fue firmado entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones del Ministerio TIC y la Unión Temporal Centros Poblados; para ese entonces, la ministra era Karen Abudinen. De acuerdo a la Contraloría, hubo incumplimientos en la entrega de equipos durante el proyecto, pues el objeto era la instalación de 7.277 centros digitales en 16 departamentos del país.
“Situación que impidió que se alcanzaran los cometidos y fines esenciales del Estado asociados con el propósito de llevar conectividad gratuita a las zonas más apartadas de Colombia”, dice el fallo.
De esta manera, la Contraloría encontró que hubo “una gestión fiscal ineficaz, ineficiente e inoportuna”, razón por la que emitió el fallo contra los responsables de firmar por parte de la Unión Temporal Centros Poblados.
Hay que recordar que hubo una terminación anticipada del contrato, en la que se pedía el retorno del dinero público, tras la obligación adquirida. El desembolso por concepto de anticipo fue de $70.000 millones.
Cabe resaltar que la ministra de las TIC del gobierno de Duque, donde se presentó este multimillonario caso de corrupción, era la Karen Abudinen y a quien la Procuraduría determinó el pasado mes de septiembre, archivar la investigación que tenía por este caso.
