En horas de la tarde de este miércoles 16 de octubre, durante una audiencia virtual, el juzgado 2 Promiscuo de Puerto Asís, ordenó que se les brindara casa por cárcel a un grupo de militares que estarían relacionados con la operación que tuvo lugar el 28 de marzo del 2022 en la vereda Alto Remanso, que dejó a 11 personas muertas.
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En la audiencia estuvieron presentes abogados de las víctimas y representantes legales de 24 militares del Ejército que están relacionados con el caso, que fueron imputados por cargos de homicidio y tentativa de homicidio.
Serían tres oficiales, cuatro suboficiales y 17 soldados del Ejército Nacional los involucrados en la presunta masacre, identificados como: Néstor Andrés Cadena Bautista, Jorge Erney Marroquín Cadena, Julián Ernesto Ávila Martínez, Cristian Pérez Galindo, Michael Andrés Quiñones Mendoza, Wilmer Leonardo Rodríguez Arango, Wilson Andrés Santamaría Ramos, Dairo José Arboleda Toro, Jhon Félix Badel Correa, Edinson Javier Esteban Aguiar, José Efraín Lectamo Yalanda, Santiago Licona Ramos, Wilmer Mosquera Poscué, Luis Ángel Núñez Peña, Danilo Quintero Urrea, José Alexander Villa Ciro, Fenancio Noé Anama Escobar, Maycol Mauricio Abril Hernández, Yeizon David Becerra Gutiérrez, Robinson Beleño Herrera, Franky Fabián Hoyos Pérez, John Fredy Hoyos Quiñonez, Carlos Alberto Perdomo Romero y Jeisson Rico Soto.
Pese a que esos fueron los cargos imputados, la jueza concluyó que existen suficientes fundamentos legales para que no se les someta a detención intramural si no que sea domiciliaria, medida que se aplicara mediante avanza el proceso judicial en la fase de acusación. Entre las razones principales se encuentra el rol que desempeñaron los uniformados en los hechos, por lo que su medida de aseguramiento no puede ser tan drástica como para estar en prisión.
Estos militares habrían sido enviado a Alto Remanso en una misión para capturar el disidente de las Farc, alias Bruno. Pero la operación que se llevó a cabo en un bazar comunitario que llevaba tres días, terminó en la muerte de 11 personas. La fiscal encargada indició que “se vulneró 11 veces el derecho fundamental a la vida de esta comunidad campesina”.
