El caso de Gisèle Pelicot ha conmocionado a Francia y se adentra en una nueva fase con la decisión del Tribunal de lo Criminal de Aviñón de proyectar videos que documentan las agresiones que sufrió. Estas imágenes, grabadas por su propio esposo, Dominique Pelicot, revelan el horror de cómo Gisèle, incapacitada por drogas que le administraba su marido, fue violada por numerosos hombres que él invitaba a su hogar.
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El presidente del tribunal, Roger Arata, anunció que el público y la prensa podrán estar presentes durante la proyección de estos videos, una decisión que cambió tras una discusión en la audiencia. Esta medida responde al deseo de Gisèle de que el proceso sea transparente y que “la vergüenza cambie de bando”. Arata aclaró que se realizarán anuncios antes de cada proyección para permitir que quienes no deseen ver las imágenes puedan salir de la sala.
Antoine Camus, el abogado de Gisèle y parte de la acusación, argumentó que la presencia del público es fundamental para evitar que la defensa de los acusados presente interpretaciones sesgadas de las imágenes. Según él, los videos demuestran “la violación oportunista” y refutan cualquier alegato de que se tratara de un abuso accidental. “Lo que muestran -subrayó- es la violación en toda su extensión”.
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Sin embargo, Nadia El Bouroumi, abogada de uno de los acusados, se opone a la difusión de los videos en un ambiente público, argumentando que esto compromete el derecho a un juicio justo y la presunción de inocencia. “La señora Pelicot es víctima, eso no se puede discutir. Pero, ¿los acusados estaban en capacidad de entenderlo?”, cuestionó, planteando que las circunstancias podrían haber influido en la percepción del consentimiento.
A pesar de que varios acusados han admitido haber tenido relaciones sexuales con Gisèle, sostienen que creían que contaban con su consentimiento implícito, transmitido a través de Dominique, y que no eran conscientes de que él utilizaba métodos de sumisión química.
Desde el 2 de septiembre, Dominique Pelicot y otros 50 coacusados enfrentan cargos por haber drogado a Gisèle durante casi una década con ansiolíticos, permitiendo que hombres contactados en plataformas en línea abusaran de ella. Este proceso judicial no solo busca justicia para Gisèle, sino que también pone en el centro del debate temas cruciales sobre el consentimiento y la responsabilidad en los casos de violencia sexual.
