Con la llegada de diciembre, las miradas se centran en una de las decisiones más relevantes para el ámbito laboral colombiano: el aumento del salario mínimo para 2025, que afecta a más de dos millones de trabajadores en el país. Este incremento no solo impactará la economía de los empleados, sino que también tendrá repercusiones significativas en el sector empresarial.
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En 2024, el salario mínimo se incrementó un 12%, alcanzando los $1.300.000. Sin embargo, para el próximo año, se anticipa que la inflación se sitúe en torno al 5%. Frente a esta situación, analistas y economistas han comenzado a hacer sus proyecciones sobre el porcentaje adecuado para el aumento salarial.
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Munir Jalil, jefe de Investigaciones Económicas para la región andina de BTG Pactual, ha compartido su perspectiva. Afirma que el incremento “no debería subir más de dos dígitos, es decir, por encima de la barrera del 10%”. Jalil ha establecido su pronóstico en un rango del 8% al 10%, fundamentándose en las políticas actuales del Gobierno, el índice de inflación y el crecimiento de la productividad laboral.
El proceso para determinar el aumento salarial se lleva a cabo en la mesa de concertación, donde se reúnen representantes del Gobierno, sindicatos y empresarios para discutir las propuestas de ajuste. Jalil menciona que “algunos funcionarios del Gobierno han hablado de dos dígitos de incremento”, lo que ha suscitado un ambiente de expectativa y especulación sobre el desenlace de estas negociaciones.
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Es esencial que el análisis sobre el aumento del salario mínimo busque un equilibrio entre la necesidad de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y la estabilidad económica del país. La recomendación de Jalil de un incremento moderado puede ser vista como una guía para las empresas al elaborar sus presupuestos: “Decimos que entre el 8 % y el 10 % del incremento del salario nos deja tranquilos a la hora de pensar en un presupuesto”.
Otras voces también se han sumado al debate. José Ignacio López, presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), ha subrayado la importancia de un aumento controlado: “Sería deseable tener un incremento de un solo dígito”. Este enfoque busca alinearse con las expectativas de estabilidad económica y control de la inflación, sugiriendo que las empresas deberían planificar incrementos salariales que no superen los dos dígitos.
Desde el Gobierno, la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, ha dejado claro que el enfoque del incremento debe centrarse en proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. “Trabajaremos muy fuerte para que se proteja el valor adquisitivo de los salarios”, declaró, resaltando el compromiso de buscar un consenso entre sindicatos y empresarios.
Además, Camilo Herrera Mora, fundador de Raddar, advirtió sobre los desafíos en torno al salario mínimo. Señaló que solo el 18% de la población ocupada está vinculada a este indicador debido a la alta informalidad laboral. En este sentido, Herrera espera un aumento entre el 7% y el 8%, lo que refleja la complejidad del mercado laboral en el país.
El aumento del salario mínimo no solo impacta directamente en los ingresos de los trabajadores, sino que también tiene implicaciones en los precios de bienes y servicios. Con el ajuste salarial, se espera que algunos costos se vean afectados. Es crucial que los consumidores sean conscientes de qué subirá y qué no con el nuevo aumento. Por ejemplo, algunos cobros, sanciones, y tarifas en diferentes sectores, como el agropecuario y de salud, podrían verse ajustados, lo que implica que la dinámica de precios en el mercado se verá alterada.
