En un nuevo giro dentro de las tensiones diplomáticas entre Venezuela y Argentina, el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, ha emitido una orden de captura internacional contra 16 funcionarios argentinos, informó el medio bonaerense TN. La solicitud surge en relación con el decomiso de un avión de la aerolínea Emtrasur, de origen venezolano-iraní, que fue retenido en Buenos Aires a mediados de 2022. Entre los mencionados en la lista de Saab se encuentran jueces, fiscales y ministros del gobierno argentino, lo que ha elevado las tensiones entre ambos países.
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El avión, que fue retenido en junio de 2022 por la justicia argentina bajo una solicitud de Estados Unidos, continúa siendo el centro de la disputa. Entre los funcionarios acusados están el juez federal Federico Villena y la ministra de Seguridad de Buenos Aires, Patricia Bullrich. Según Saab, las órdenes de captura son por varios delitos graves, incluidos robo agravado, privación ilegítima de libertad y legitimación de capitales.
Acusaciones que avivan el conflicto diplomático
La retención del avión de Emtrasur, propiedad de Venezuela, ha sido un punto de discordia diplomática desde el inicio. Venezuela afirma que la aeronave fue “robada” bajo el disfraz de un proceso judicial injusto, mientras que Argentina mantiene que el decomiso fue realizado de acuerdo con la ley y bajo orden de la justicia estadounidense. El caso ha escalado a tal punto que, anteriormente, Saab ya había solicitado la captura del presidente argentino Javier Milei, quien asumió recientemente el cargo.
Ahora, con la inclusión de figuras como los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, además del ministro Waldo Wollf, el conflicto se ha trasladado a nuevos ámbitos, involucrando a figuras clave del sistema judicial y político de Argentina. Entre los cargos mencionados por Saab se encuentran, además de robo agravado, simulación de hecho punible e interferencia ilícita.
Reacciones desde Argentina
La Cancillería argentina ha rechazado enérgicamente las acusaciones, calificándolas de inaceptables y subrayando que el Poder Judicial argentino es independiente del Ejecutivo. “El gobierno argentino repudia las órdenes de aprehensión solicitadas por Venezuela”, afirmó el comunicado oficial. También recordaron que la aeronave fue retenida durante el mandato del expresidente Alberto Fernández y que su decomiso fue una decisión judicial autónoma, sin injerencia política.
Además, la sociedad civil argentina ha comenzado a expresar su apoyo a los funcionarios acusados, resaltando que las acusaciones venezolanas son una estrategia para desviar la atención de los problemas internos del país. Por otro lado, la respuesta de Estados Unidos, que solicitó el decomiso inicial, ha sido clave en la narrativa de la justicia argentina, fortaleciendo la postura de que el caso fue manejado conforme a acuerdos internacionales.
Con este nuevo episodio, las relaciones entre ambos países enfrentan una de sus peores crisis diplomáticas en años. Mientras tanto, las investigaciones sobre el avión y su tripulación, que incluía a 14 venezolanos y cinco iraníes, continúan siendo objeto de controversia y seguimiento internacional.
