La Corte Suprema de Justicia ha decidido mantener la condena de seis años de prisión impuesta a los exministros Sabas Pretelt de la Vega y Diego Palacio Betancourt, así como al exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Alberto Velásquez Echeverri, en el marco del escándalo conocido como Yidispolítica. Este caso, que data de 2004, se centra en los intentos de los exfuncionarios de influir en el voto de dos congresistas para aprobar una reforma que permitió la reelección presidencial.
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La condena original fue dictada en abril de 2015 y se basa en las acciones de Pretelt y Palacio, quienes, según la corte, contactaron a los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para ofrecerles incentivos a cambio de su apoyo. Los exministros habrían ofrecido cargos y otros beneficios, lo que generó un debate acalorado sobre la ética y la legalidad de sus acciones. En el caso del ministro de Salud, se detalló que otorgó posiciones en instituciones de salud para asegurar el respaldo necesario para la aprobación de la reforma.
La Sala Penal del alto tribunal subrayó la importancia de la declaración de Yidis Medina, quien fue condenada previamente y cuyo testimonio se consideró crucial. La corte enfatizó que “los tres acusados, por virtud de la mediación de un acuerdo, actuaron de consuno, con división de trabajo”. Esto sugiere que cada uno de los implicados desempeñó un papel significativo en la estrategia para persuadir a los congresistas.
El fallo también destacó que tanto Pretelt como Palacio tenían un control considerable sobre la situación. “Los dos exministros tuvieron el dominio del hecho en la medida en que contaban con la capacidad de persuadir y disuadir respectivamente a Yidis Medina y a Teodolindo Avendaño”, indicaron los magistrados. Este dominio se tradujo en la manipulación de los votos, lo que permitió que el proyecto de reelección avanzara en el Congreso.
En un extenso documento de 321 páginas, la corte rechazó de manera contundente los argumentos presentados por la defensa de los condenados. Un aspecto interesante de la sentencia es la dificultad de probar la existencia de reuniones privadas en la Casa de Nariño donde se habría discutido el plan. “Mal podría exigirse o encontrarse una prueba tal que, casi a modo de acta, señale la hora, el lugar y el medio en que se produjo el acuerdo entre los acusados”, apuntó la Corte.
Asimismo, se mencionó que la participación de Velásquez Echeverri desde el inicio del proceso en la Casa de Nariño no solo reafirmó su implicación, sino que evidenció un plan coordinado para manipular la votación de Medina. “La intervención de Velásquez Echeverri... evidencia su acuerdo en la forma como se procedería ante la congresista”, añadió el fallo.
Finalmente, se confirmó que los cargos prometidos a los aliados de los congresistas, aunque no se otorgaron de inmediato, se hicieron efectivamente realidad. Varias personas cercanas a los legisladores que apoyaron el proyecto de reelección recibieron posteriormente nombramientos en notarías y hospitales, lo que pone en entredicho la legitimidad de las promesas realizadas en su momento.
