Un reciente informe ha sacado a la luz detalles alarmantes sobre la camioneta blindada asignada a Sandra Ortiz, exalta consejera presidencial, la cual experimentó una falla catastrófica en el sistema de frenos el pasado 11 de septiembre. Este incidente, que pudo| haber tenido consecuencias trágicas, ha desatado una serie de interrogantes sobre la seguridad y mantenimiento de los vehículos utilizados por funcionarios públicos.
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En el documento revelado por la revista Semana se conoció que, el 11 de septiembre, mientras se dirigía a su hogar en Tunja, Boyacá, Ortiz vivió un momento de pánico cuando su camioneta Toyota modelo 2023, proporcionada por la Unidad Nacional de Protección (UNP), comenzó a perder los frenos. El conductor, miembro de la UNP, alertó a Ortiz sobre la emergencia en medio de la angustia. “Me salvé de milagro”, expresó Ortiz en una entrevista con el medio citado, recordando cómo el vehículo se movió peligrosamente antes de que el chofer pudiera detenerlo utilizando el freno de mano.
Tras el incidente, Ortiz decidió contratar una revisión exhaustiva del sistema de frenos de su vehículo. La inspección fue realizada por la firma Alborautos S.A.S., que reveló hallazgos preocupantes. Según el informe, la manguera de freno trasera derecha había sufrido una desconexión que permitió la pérdida total del líquido de frenos, resultando en la incapacidad del vehículo para frenar adecuadamente.
El diagnóstico también indicaba que las pastillas y mangueras de freno no eran originales de Toyota. “El sistema de frenos presentaba manipulaciones”, se destaca en el documento, que incluye fotografías del daño. La calidad de los materiales empleados para estos componentes es de dudosa calidad, lo que plantea serias dudas sobre el mantenimiento del vehículo.
Este incidente ha generado una serie de cuestionamientos críticos: ¿Cómo es posible que un vehículo de alta gama como el Toyota modelo 2023 haya presentado tales fallas? ¿Por qué se utilizaron piezas no originales en un vehículo destinado a la seguridad de una figura pública? La UNP y la Fiscalía se encuentran bajo presión para aclarar la situación, especialmente considerando que la exfuncionaria ha sido objeto de controversias en el pasado, vinculada a posibles irregularidades financieras.
La defensa de Sandra Ortiz ha solicitado formalmente respuestas a la UNP sobre lo sucedido, y la entidad ha informado que tiene un plazo de 15 días para proporcionar un análisis sobre el caso. En agosto de 2024, el vehículo ya había sido sometido a una revisión que supuestamente debería haber garantizado la seguridad del sistema de frenos, lo que hace aún más inquietante la actual situación.
