La Procuraduría General de la Nación ha decidido archivar el proceso disciplinario en contra de Karen Abudinen, exministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tras su presunta vinculación en el escándalo de Centros Poblados. Este caso, que conllevó la pérdida de 70.000 millones de pesos en un anticipo destinado a llevar internet a escuelas rurales en 16 departamentos de Colombia, ha estado bajo la lupa durante meses.
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Decisión de archivar el proceso de Karen Abudinen
La decisión de cerrar el expediente se fundamenta en la conclusión de que Abudinen no incurrió en conductas irregulares durante la adjudicación del contrato 1043 de 2020. Este contrato fue negociado con la Unión Temporal Centros Poblados, representada por Luis Fernando Duque. La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría, bajo la dirección del procurador John Harvey Pinzón, presentó un documento de 46 páginas en el que se argumentó que no existía responsabilidad directa de la exfuncionaria en el escándalo que sacudió al gobierno del expresidente Iván Duque.
Según el informe, “no se puede hablar de una responsabilidad directa por parte de Abudinen”, lo que llevó a la conclusión de que no había violaciones a las normas de contratación pública que justificaran un castigo disciplinario. Esta decisión ha sido recibida con reacciones mixtas, especialmente considerando la magnitud del escándalo.
Contexto del escándalo de Centros Poblados
El escándalo se desató cuando se reveló que para la contratación de Centros Poblados se falsificaron pólizas bancarias, lo que permitió el desembolso del anticipo de 70.000 millones de pesos. Este dinero, destinado a llevar conectividad a escuelas en zonas rurales, fue malversado por varios de los involucrados, creando una crisis de confianza en el manejo de recursos públicos.
En este caso, varios personajes han sido señalados, entre ellos el contratista Emilio Tapia, condenado por corrupción, y el representante legal de la unión temporal, Luis Fernando Duque. También están implicados otros nombres relevantes en el entramado, como Ottomar Lascarro, Juan José Laverde y Juan Carlos Cáceres.
El cierre del caso para Karen Abudinen puede tener repercusiones significativas en el panorama político colombiano. Por un lado, alivia la presión sobre la exministra, quien había estado en el centro de una de las controversias más destacadas de la administración Duque. Sin embargo, el hecho de que el escándalo continúe afectando a otros involucrados muestra que la situación no está completamente resuelta.
La decisión de la Procuraduría plantea preguntas sobre el manejo de la contratación pública y la necesidad de una mayor supervisión en proyectos de gran escala que involucran recursos del Estado. La protección de los intereses públicos y la prevención de la corrupción deben ser prioridades, especialmente en contextos donde el mal uso de fondos puede afectar a las poblaciones más vulnerables.
