El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se prepara para expedir el presupuesto nacional de 2025 por decreto, estableciendo un total de $523 billones. Esta decisión se produce tras la reciente negativa del Congreso a aprobar el proyecto de presupuesto, lo que obliga al mandatario a actuar con rapidez para cumplir con los plazos legales.
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Fuentes cercanas al Palacio de Nariño han confirmado que, aunque el decreto aún no se encuentra en la Secretaría Jurídica, el Gobierno tiene hasta el 10 de diciembre para oficializarlo. El presupuesto presentado inicialmente incluye financiación para diversas iniciativas, entre ellas una controvertida reforma tributaria que ha generado debates acalorados en el legislativo.
A pesar de que el presidente ha admitido errores en la formulación del presupuesto, ha subrayado que estos desfases han tenido efectos positivos en la economía colombiana. En su cuenta de X, Petro indicó que, ante la falta de consenso en el Congreso, la única opción viable era emitir el decreto para garantizar la continuidad de las operaciones del Estado.
El reciente rechazo del proyecto de presupuesto en las comisiones económicas del Senado y la Cámara de Representantes se debió a preocupaciones sobre la claridad de las cuentas presentadas por el Gobierno. Los congresistas argumentaron que se habían incluido montos que dependen de la aprobación de una reforma tributaria, lo que generó dudas sobre la viabilidad del plan financiero. Efraín Cepeda, presidente del Senado, había anticipado esta situación, señalando que el proyecto enfrentaba serios obstáculos para su aprobación.
La decisión de expedir el presupuesto por decreto puede tener múltiples repercusiones. Por un lado, asegura la continuidad de los servicios y programas del gobierno, pero por otro, podría aumentar las tensiones entre el Ejecutivo y el Legislativo. Al emitir el decreto, el presidente asume un papel protagónico en la gestión de las finanzas públicas, lo que podría ser visto como una falta de respeto a la función del Congreso.
Con el plazo para la discusión y aprobación del presupuesto a punto de vencer, la acción de Petro busca evitar un vacío fiscal que afectaría el funcionamiento del país. Sin embargo, la falta de diálogo y consenso con los legisladores podría complicar futuras interacciones entre el Gobierno y el Congreso.
