Una de las noticias que removió la política en Cundinamarca durante esta semana tuvo como protagonista al actual alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruíz, quien recibió un nuevo revés por una decisión que tomó la Procuraduría General de la Nación en su contra.
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Por medio de un boletín de prensa, el Ministerio Público confirmó en un fallo de segunda instancia que inhabilitaba por nueve años y sancionaba al alcalde Donoso Ruiz por presuntas irregularidades que habrían ocurrido durante su anterior período como mandatario local de Chía, entre 2016 y 2019.
Según señaló la Procuraduría, las supuestas irregularidades tendrían que ver con la adjudiación de un proceso licitatorio que se había abierto con el fin de prestar el servicio de alumbrado público en el municipio.
¿Qué halló la Procuraduría sobre el alcalde de Chía?
El Ministerio Público también dio detalles sobre las razones por las cuales tomó su decisión. Entre otra cosa, señaló que el fallo lo emitió la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular, que confirmó que Donoso Ruiz habría participado en la etapa precontractual y contractual del mencionado proceso licitatorio.
Además, consideraron que habría omitido garantizar y verificar que los documentos que se usaron antes de la selección del contratista cumplían con lo establecido por la ley.
“El disciplinado aprobó los correspondientes al análisis del sector y los estudios previos, incluido los requisitos financieros, con falencias y en contravía de las disposiciones que los regulan, incorporándolos posteriormente al pliego de condiciones. Con su actuación, el Ente de control encontró probado que Donoso Ruíz quebrantó los principios de economía, planeación, responsabilidad, transparencia y de selección objetiva que rigen la contratación estatal que estaba obligado a cumplir por su rol como ordenador del gasto”, indicó la Procuraduría en su momento.
¿Qué le pasará al alcalde de Chía después de este fallo en su contra?
Pese a lo que podría parecer, lo cierto es que el alcalde de Chía podrá continuar en su caso. Así lo señaló Andrés Vela, concejal de ese municipio, en una declaración pública.
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Según explicó, el fallo de la Procuraduría advierte en uno de sus apartes que el alcalde de Chía tiene derecho a ejercer su defensa. En esa medida, es el Consejo de Estado el que debe determinar si en efecto el alcalde debe ser inhabilitado durante 9 años.
De hecho, una antecedente sobre este tipo de casos fue el que ocurrió con el hoy presidente Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá. El mandatario había sido destituido por la Procuraduría y, por ello, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Esta entidad, a su vez, le recomendó al Estado colombiano que una entidad como la Procuraduría no debía tener la posibilidad de destituir a los mandatarios electos por voto popular. La recomendación, a la larga, fue acogida por el Consejo de Estado y el alto tribunal restituyó al entonces alcalde de Bogotá en su cargo.
