El 11 de septiembre, un hecho alarmante salió a la luz cuando grupos feministas y organizaciones de mujeres informaron sobre un ataque brutal llevado a cabo por miembros del Clan del Golfo en una comunidad indígena Emberá en Chocó. Según los reportes, durante una incursión nocturna, las mujeres de la comunidad fueron obligadas a bailar frente a sus agresores como una forma de intimidación y humillación.
Las víctimas identificadas incluyen a Merina Forastero Isarama, de 14 años; Yamilda Forastero Isarama, de 18; Enerita Forastero, de 14; Clara Chamorro Morroco, de 19 y Yorleydi Chamorro Morroco, de 15 años. Tras el incidente, cinco de estas jóvenes fueron retenidas, y su paradero actual sigue siendo incierto, lo que ha intensificado el temor por su seguridad y bienestar.
Este ataque se suma a una serie de incidentes de violencia sistemática en Chocó, donde se han registrado 108 homicidios en lo que va del año, todos atribuibles a bandas criminales organizadas como el Clan del Golfo. El alcalde de Quibdó, Rafael Bolaños Pino, se ha visto obligado a trasladarse a Bogotá para solicitar una intervención más efectiva del Gobierno nacional, dado que las estrategias locales parecen insuficientes para enfrentar la creciente criminalidad.
Defensoría del Pueblo emitió alertas por la crisis de orden público que hay en el Chocó
La Defensoría del Pueblo ha emitido múltiples alertas sobre la situación en Chocó, enfocándose en la vulnerabilidad de las mujeres en la región. Las visitas realizadas en mayo a diversas comunidades, incluyendo Río Uva, Nuevo Olivo y Villa Alta, revelaron un patrón de extorsión, acoso sexual y otros abusos que afectan gravemente a las mujeres. Las denuncias reflejan un clima de desesperación y miedo, con víctimas que incluso han considerado el suicidio debido a la intensidad del abuso y la falta de protección. “Nos manifestaron que quieren suicidarse, que no soportan más la degradación a la que están siendo sometidas. Si llegan a hablar sobre lo sucedido, sus vidas corren peligro. Tienen temor”, indicaron las organizaciones.
En respuesta a estos eventos, los colectivos feministas han hecho un llamado urgente al Gobierno para que tome medidas inmediatas y efectivas. Entre sus demandas se incluyen la reactivación de los acuerdos humanitarios, un cese al fuego, y el establecimiento de mesas de diálogo entre el Gobierno y los grupos armados. También exigen que se respete el Derecho Internacional Humanitario y los derechos humanos, con un enfoque particular en la protección de mujeres y niñas.
Además, las organizaciones han solicitado que el Gobierno declare a Chocó como una prioridad en la política contra la violencia de género, tal como se estableció en el Plan Nacional de Desarrollo. “Es apremiante que el Gobierno adopte medidas para prevenir, judicializar y sancionar la violencia basada en género y por prejuicio. Solo así se podrá garantizar la seguridad y la vida de las mujeres en todo el departamento”, afirmaron en su comunicado.
En el contexto de las negociaciones de paz, las feministas también han solicitado la creación de un canal de comunicación directo entre el Gobierno y los colectivos de mujeres, argumentando que las voces femeninas son esenciales para el avance hacia una paz duradera. “Las mujeres somos titulares del derecho a la paz, nuestras voces y aportes son una condición necesaria para que los procesos de negociación permitan avanzar en la terminación definitiva del conflicto armado, la construcción de paz y la consolidación de la democracia”, añadieron.
Los jóvenes de Quibdó, por su parte, han manifestado su deseo de vivir en un entorno libre de violencia, destacando la urgencia de un cambio significativo. Su lema, “No somos la generación del futuro”, resuena como una demanda de acción inmediata en una región históricamente marginada.
